Periodista pide justicia porque alto jerarca del régimen viola sus derechos como mujer y madre
Glenda Romero / Venezuela RED Informativa.us
«La madre de mi expareja, sufre de trastornos de ideas delirantes y está internada en una clínica, y aun así sin derecho a defenderme de los falsos argumentos, que presentó el padre de mi hija, el tribunal 15 de primera instancia de mediación, sustanciación y ejecución de protección de niños, niñas y adolescentes le otorgó la medida preventiva de custodia», dice la periodista Jennifer Matheus, alegando que le da terror que el chavista arremeta contra ella y su familia, por el poder que ostenta.
“El martes 19 de julio en Acarigua-Portuguesa, el padre de mi hija menor de 2 años, Diana Carolina, se presentó en mi residencia y valiéndose de una medida anticipada de custodia llegó con unos “supuestos funcionarios” que nunca se identificaron y de manera violenta forcejean la puerta y tumbaron al suelo a mi madre, de 64 años de edad, quien para el momento se encontraba juntos a mis dos hijas».
«El padre de mi menor hija golpeó a mi hija mayor, para quitarle a su hermanita que tenía abrazada, quien le pedía entre llantos que por favor no se llevará a su hermana. El además de sacarla de manera violenta de la casa, se la llevó sin sus pertenencias, sin pañalera, sin zapatos, acompañado además de más de 8 personas para llevar a cabo el violento procedimiento. Para el momento en que se llevan a mi menor hija me encontraba en mi trabajo, nunca fui notificada del proceso que llevaba a cabo el tribunal 15 hasta después que se llevan a mi hija menor a la fuerza, cuando uno de los “funcionarios” hace entrega de la notificación a mi madre. El día del hecho -19 de julio- acudimos al CICPC para interponer la denuncia por las lesiones ocasionadas a mi hija mayor, pero no fuimos atendidos y nos remitieron a la Fiscalía, donde tampoco nos brindaron asistencia».
«El 20 de julio nuevamente acudimos a la fiscalía dada a la inacción del CICPC y nos remitieron a la Dirección de Investigación Penal (DIP) de la PNB donde toman denuncia y envían a mi hija y mi madre a la medicatura forense donde practicaron exámenes correspondientes. Posterior a ello, la denuncia fue remitida a la fiscalía 7 de Niños, Niñas y Adolescentes de Acarigua bajo el expediente MP-163730-2022 donde la fiscal auxiliar Diana Arraiz señaló que el agresor no puede ser imputado, porque las lesiones contra mi hija de 9 años fueron leves, pese al informe forense y la declaración de mi hija, quedando el caso impune hasta el momento».
«El padre de mi hija menor, tiene dos medidas de alejamiento hacia mi persona dictadas por el Ministerio Público 35357-2022, que está siendo procesada por la Fiscalía 64 nacional y la 93007-2022 procesada por la fiscalía décimo tercera en materia de violencia de genero de Acarigua por violencia psicológica, verbal, hostigamiento, persecución, medidas que incumplió en todo momento llevando además a su hermano y supuestos abogados, para amenazarnos».
«Por esta violencia ejercida por mi expareja me vi en la obligación de cambiar en dos oportunidades de residencia en Acarigua. Además de ello, me cercó económicamente, despidiéndome injustificadamente de los dos trabajos donde era mi jefe directo. Mi expareja hace uso de cargos públicos, que no ostenta, ya que en las instituciones de Portuguesa ha llegado a amedrentar a los funcionarios, diciendo que es Viceministro de Comunicación e Información, cuestión que es totalmente falsa».
«Desde que mi hija menor de 2 años, en periodo de lactancia materna, esta con su progenitor ha venido sufriendo un deterioro físico y emocional, cuestión que pude percatar en la pocas video llamadas que me permitió en los primeros días de tener a la niña en su poder. Posterior a ello, este individuo me cortó todo tipo de comunicación con mi hija y las autoridades en materia de protección de niños, niña y adolescente a las que he recurrido no me dan respuesta alguna solo que la causa está judicializada, mientras que la vida de una inocente corre peligro”, denuncia en sus redes sociales.
