Tribunal pasó a juicio a 7 menores detenidos por el 28J, fueron torturados y obligados a declararse culpables

Glenda Romero / Venezuela RED Informativa.us
La jueza Keidimar Ramos Castillo, titular del Tribunal II, con competencia en terrorismo del estado Carabobo, pasó a juicio a siete menores de edad, entre 15 y 17 años, detenidos luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
En una audiencia telemática, fue adoptada la decisión en contra de los adolescentes, que están acusados de terrorismo, incitación al odio, obstrucción de la vía pública y resistencia a la autoridad.
Los siete adolescentes recibieron una oferta de la jueza: se declaran culpables y sólo pagarán una pena de 6 años y 8 meses, sin beneficios procesales, de lo contrario, irían a juicio con el riesgo de tener que cumplir los 10 años que pidió la fiscalía. Ninguno aceptó la extorsión, y fueron pasados a juicio, sin ninguna posibilidad de beneficios.
Los familiares también denuncian que la defensora pública, Kelly Pérez, no los defendió como correspondía y que no logró ante el juzgado todos los documentos que le proporcionaron para demostrar la inocencia de los jóvenes.
Según denunciaron sus familiares, los jóvenes fueron arrestados entre el 29 y el 30 de julio y fueron torturados en los centros policiales a los que fueron enviados tras su detención. “A todos se les obligó a grabar un video en el que admitían que supuestamente les habían pagado 30 dólares por salir a la calle a protestar”, dijo una familiar de los muchachos.
.
Durantre su detención, los jóvenes han sido torturados con golpes, algunos han perdido piezas dentales y otros tienen las tetillas quemadas porque les pusieron electricidad, según sus familiares.
Este es el segundo grupo de menores detenidos por el 28 J, que es pasado a juicio en Carabobo. El viernes 27 de septiembre los adolescentes recibieron una decisión judicial del mismo tipo.
A propósito de esta situación, algunas madres de jóvenes detenidos, introdujeron un recurso de amparo en el TSJ, para la revisión de las medidas cautelares porque se les imputan varios delitos como terrorismo e incitación al odio.
“¡Ni terroristas ni delincuentes, nuestros muchachos son inocentes!”, gritaron los familiares, quienes también pidieron al TSJ el respeto al debido proceso. “A ellos les están violando sus derechos humanos y no se les permite una defensa privada”, denunció el padre de un joven afectado.



