Glenda Romero / Venezuela RED Informativa.us

En Carúpano, estado Sucre aumentó la cifra del luto en las cárceles venezolanas tras la muerte de Víctor Alfonso Rivero bajo custodia del régimen venezolano en el Centro de Formación Hombre Nuevo. Así lo dio a conocer el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) en redes sociales alertando que “con este nuevo fallecimiento, ya son 20 las personas privadas de libertad que han muerto tras las rejas desde abril de 2026”. La ONG apuntó que, más allá de la cifra, estos hechos plantean una pregunta que las autoridades venezolanas siguen sin responder: ¿cuántas muertes más deben ocurrir para que se reconozca la emergencia humanitaria que existe dentro de cárceles y calabozos policiales?El Centro de Formación para el Hombre Nuevo de Carúpano, ubicado en el municipio Bermúdez del estado Sucre, es un recinto penitenciario que, ha sido escenario de denuncias por violaciones de derechos humanos, huelgas de hambre y trágicas muertes bajo custodia estatal por desnutrición y falta de atención médica, hoy aumenta la cifra de dolor allí.

Las personas privadas de libertad se encuentran bajo control absoluto del Estado. Por ello, cada fallecimiento asociado a la falta de atención médica, a la demora en traslados hospitalarios o a condiciones incompatibles con la dignidad humana constituye una señal de alarma para los organismos nacionales e internacionales encargados de la protección de los derechos humanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana (Cidh) y las Naciones Unidas (ONU) han reiterado durante años que los Estados tienen una posición especial de garante respecto a las personas privadas de libertad. Esto significa que no basta con mantenerlas encerradas porque existe la obligación de proteger su vida, su integridad física y su salud.

En Venezuela los familiares terminan, dentro del sistema penitenciario, asumiendo funciones que corresponden al Gobierno, suministrando medicamentos, alimentos, insumos médicos e incluso gestionando traslados hospitalarios para intentar salvar la vida de sus seres queridos. Cada nuevo fallecimiento demuestra que las recomendaciones internacionales continúan siendo ignoradas y que la protección de la vida dentro de los centros de detención sigue siendo una deuda pendiente. Desde el Observatorio Venezolano de Prisiones advertimos que la acumulación de muertes bajo custodia no puede seguir siendo vista como una sucesión de casos aislados. Se trata de una situación que exige la actuación de los órganos nacionales competentes y el seguimiento permanente de los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos. La pena de muerte está prohibida en Venezuela, pero el abandono, la indiferencia y la desatención siguen produciendo el mismo resultado.

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