Los militares se quedaron olvidados, sin perdón y sin libertad
Glenda Romero / Venezuela RED Informativa.us
El Teniente Coronel (Ej) Igbert Marín Chaparro, fue detenido el 2 de marzo de 2018, acusado por el régimen de Maduro de estar presuntamente vinculados a un movimiento conspirativo dirigido a captar profesionales militares, le acusaron de que iban a grabar un video que sería difundido a través de los medios de comunicación, llamando a la desobediencia a los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el vocero el Tcnel Igbert Marín, por ser el primero en su promoción. Marín Chaparro fue detenido junto a otros ocho funcionarios más, por parte de autoridades del Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y llevado a la sede en Boleíta, en Caracas.
Además detuvieron a los Tcnel. Juan Carlos Peña Palmentieri cursante de la maestría en el Instituto de Operaciones Estratégica de la FANB, Tcnel. David Esteban Mota Marrero Primer Comandante del 413 Batallón Blindado General de División Pedro León Torres y Tcnel. Víctor Eduardo Soto Méndez primer comandante del 913 grupo de caballería blindada, General José Laurencio Silva, fueron sometidos entonces a presuntas torturas que hasta el momento han causado graves estragos a la salud de todos los detenidos, según testimonio de algunos familiares de las víctimas.
Las autoridades hablaron de una reunión que tuvo con sus subalternos y jefes en instalaciones militares de Caracas, quienes reclamaron mejores condiciones alimenticias para su tropa armada, condenar la corrupción institucional dentro de la FANB y exigir equipamiento para las unidades.[20] El hecho de sus comentarios lo llevó posteriormente a verse con el Ministro del Poder Popular para la Defensa de Venezuela, G/J Vladimir Padrino López, donde confirmó a él, la situación.[5] Entre los cargos que se le acusa son: «Traición a la patria, instigación a la rebelión y acciones contra el decoro militar».
Los mencionados oficiales militares según el abogado defensor, fueron presentados ante el juez Amezquita Pión, el 09 de marzo de 2018, con visibles muestras de tortura y, sin embargo, no se les prestó atención médica, se desconoció también que fueron presentados fuera del lapso correspondiente, y que fueron desaparecidos durante ese tiempo. Es así como la representación fiscal solicitó la Medida Judicial de Privación Preventiva de Libertad en contra de todos, inclusive en contra de Igbert Marín Chaparro, por considerar que todos estaban incursos en el delito de Instigación a la Rebelión.
Sin elementos de convicción que los incriminara, el Ministerio Público los acusó y en la Audiencia Preliminar el juez admitió la acusación y dictó el Auto de pase a juicio, sin valorar que el delito no se realizó. En el juicio oral y público hubo un solo testigo, ese testigo estuvo preso por este caso igualmente y fue quien denunció la supuesta reunión. No hubo ni videos, ni personas captadas, ni planes de dar un golpe de Estado y, aun así, en fecha 16 de diciembre de 2020, fueron condenados a 7 años y 6 meses, por el delito de Instigación a la Rebelión.
La defensa ejerció el recurso de apelación correspondiente y como consecuencia de ellos la Corte Marcial anuló la decisión y ordenó la realización de un nuevo juicio, pero la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), se avocó de oficio al conocimiento de la misma y decretó la NULIDAD ABSOLUTA de la sentencia dictada por la Corte Marcial, ordenando la Reposición de la Causa al estado en que se dicte nueva decisión , luego la Corte Marcial dictó nueva sentencia condenatoria y le ratificaron la condena de 7 años y 6 meses de prisión.
El Tcnel. Igbert Marín Chaparro, sigue recluido en la sede de la DGCIM Boleíta, donde ha hecho varias huelgas de hambre en reclamo de la vigencia de sus derechos humanos. La causa se encuentra en el Tribunal Militar de Ejecución a cargo de la juez Cap. Carmen Victoria Jaspe, mientras llevan más de 5 años detenidos y les corresponden las Fórmulas Alternativas del Cumplimiento de la Pena. Su esposa Yocelyn, denunció a los medios la incomunicación con su cónyuge los primeros días y haber sido víctima de torturas por parte de encargados militares, información luego corroborada por su abogado Antonio Media Roa y el político Carlos Vecchio, quien acusó en su momento al director del DGCIM, el Hannover Guerrero Mijares de ejercer dichos ataques contra Marín.
El 14 de agosto de 2019, Guerrero fue destituido por el presidente Maduro, tras dichas denuncias de maltratos a efectivos encarcelados y estar vinculado al escandaloso fallecimiento del capitán de corbeta venezolano, Rafael Acosta Arévalo. Más tarde, se dio apertura el juicio militar contra ,Marín, los medios venezolanos lo han calificado como «preso político», aunque dirigentes de la revolución bolivariana como Diosdado Cabello, ha acusado a Marín de estar implicado en la «Operación Gedeón de 2020», a pesar de estar privado de libertad desde 2018. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares de protección a Marín, pero al efectivo militar lo mantienen aislado y sin contacto familiar desde 2020.
A finales de 2021, Marín Chaparro inició una huelga de hambre que fue levantada en enero de 2022, cuando ingresó una comisión de funcionarios de la oficina de la Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a la Dgcim, y lograron un acuerdo entre las autoridades y el militar.
El 22 de noviembre de 2022, Marín Chaparro, inició una segunda huelga de hambre en protesta para exigir que se garanticen sus derechos básicos, como la visita de sus familiares. Un grupo de militares de alto rango están solicitando la libertad de Marín Chaparro. La ONG Control Ciudadano hizo un llamado a las autoridades para que le den atención médica, después de cuarenta y cinco (45) días de su huelga y luego de 67 días levantó la huelga de hambre. Hoy sigue recluido en el Rodeo I. .Igbert Marín fue involucrado en otro caso, un poco antes de cumplir su primera condena que luego se la volvieron a extender, hoy es uno de los 175 militares que aún se encuentran tras las rejas en condición de presos políticos en Venezuela.
