Opinión

Persecución religiosa en Venezuela

William Jiménez Gaviria / Venezuela RED Informativa.us

El régimen comunista que lidera Nicolás Maduro sigue al pie de la letra el testamento de Hugo Rafael Chávez Frías, no es un secreto que desde el Palacio de Gobierno en Miraflores, la agenda de persecución incluye la intolerancia religiosa, especialmente contra las Iglesias de cualquier credo, las que propugnan las libertades, el respeto por los Derechos Humanos y la participación ciudadana.

Está cronología de eventos antirreligiosos se inicia en la época de la dirigente comunista Lina Ron, fiel discípula del fallecido Hugo Chávez, todo comenzó con un ataque no sólo a los medios de comunicación, sino a la principal Iglesia Católica, Apostólica y Romana, este modus operandi se materializa con el uso de explosivos, tal como sucedió en un atentado perpetrado en la Iglesia San Francisco de Asís, ubicada al frente del Palacio Federal Legislativo en la ciudad de Caracas, sucesivamente en el año 2008, toman de manera forzosa la sede del Palacio Arzobispal, con la participación cómplice de miembros del movimiento quinta república (MVR), actualmente Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Otro de los eventos en esta escalada violenta, lo representa la profanación de áreas sagradas de una sinagoga judía, ubicada en las adyacencias de Plaza Venezuela, en la cual la dirigente Lina Ron, siguiendo instrucciones del político Diosdado Cabello Rondón, perpetran una acción antisemita contra la comunidad israelí en Caracas.

Es relevante destacar las declaraciones del exembajador estadounidense en Venezuela William Brownfield, quien manifestó su profunda preocupación a los medios de comunicación, cuando afirmó que 219 misioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se retiraban de Venezuela por razones de seguridad, en especial para resguardar sus vidas.

Hay que destacar que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ha sido afectada con dos acciones arbitrarias en contra de sus bienes, tal como sucedió con la toma forzosa de dos capillas, una situada en el estado Miranda y la otra en el estado Táchira, así como la detención de varios miembros de la mencionada iglesia, en la que fueron procesados injustamente feligreses de la referida congregación en los Valles del Tuy, además de la detención arbitraria del misionero Joshua Holt, quien fue víctima de tortura en una prisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Varias familias han tenido que irse por persecución religiosa ordenada por Nicolás Maduro, tal como lo han vivido Huáskar Atahualpa Vásquez Romero y su esposa Nohemy Sepúlveda Gómez, ambos miembros activos de esta institución religiosa, que forzosamente abandonan el territorio venezolano el 11 de noviembre de 2022, siendo amenazados por el actual gobernador Freddy Bernal Rosales, quien ejerce como autoridad regional en el estado Táchira, incluso aparecen en la lista de perseguidos el abogado David Cáceres Martínez y su esposa Cherling Judith Sandi Bravo, quienes a la vez son miembros activos igualmente de la citada iglesia, la persecución no ha tenido límites, son familias enteras que huyen por razones de inseguridad de sus vidas, increíblemente por la intolerancia a su fe, que estos ciudadanos profesan tener.

Lo que es cierto, probado e indiscutible, es que el régimen que actualmente dirige Nicolás Maduro instruye una política no solo antisemita, sino antirreligiosa y selectiva, incluso aleatoria, contra algunos miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, especialmente para aquellos feligreses que integran organizaciones políticas opositoras, así como los que son parte de las iniciativas que promueven los Derechos Humanos, que exponen las atrocidades del sistema político que en la actualidad controla al Estado Venezolano.

Podemos concluir que estas acciones configuran elementos de conformidad con el artículo 7, letra «H» del Estatuto de Roma, referido a crímenes de lesa humanidad, que incluso guardan relación con la investigación que dirige la Fiscalía de la Corte Penal Internacional desde la ciudad de La Haya, Países Bajos.

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