“Somos artistas, no terroristas” un lema ante la opresión de Noboa» que huele a dictadura en Ecuador
Glenda Romero / Venezuela RED Informativa.us
La comunidad artística de Ecuador se ha hecho sentir en las redes sociales, con el lema “Somos artistas, no terroristas”, a propósito de que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, mantiene a su país con intensas protestas en las que incluso fue realizado un paro nacional convocado por la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), mientras que el mandatario ha dicho que las protestas “no son reclamos sociales, son ataques calculados para sembrar miedo y desestabilizar todo el país”.
Noboa asevera que Ecuador afronta “actos de terrorismo disfrazados de protesta” y asevero que “Ecuador no retrocede ante terroristas que se esconden detrás de la comunidad para servirse a sí mismos”. Noboa añadió que “la gente que quiere trabajar rechaza estas medidas de paro, y los enemigos del progreso quieren, en cambio, devolver al país al caos”. “No podemos ni vamos a retroceder, porque hacerlo sería condenar al fracaso a un país que busca avanzar y prosperar. Nosotros vamos a romper cada barrera que nos pongan y seguiremos hacia delante porque vamos a ir al pueblo, nadie nos va a impedir llegar a las comunidades, llegar a las personas que más necesitan”.
La Conaie opinó que busca “imponer miedo” y “repartir bonos asistencialistas para quebrar la resistencia”. Ecuador atraviesa una seria crisis política que tiene su origen en medidas gubernamentales que, con pronunciado autoritarismo, afectan la vida de los pobladores del campo y la ciudad. Frente a leyes señaladas como inconstitucionales y otras imposiciones, las organizaciones populares, convocadas por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Frente Popular, Unión Nacional de Educadores (UNE) y muchas más, a la que se sumaron el movimiento indígena y algunos partidos de izquierda realizan acciones de protesta en las calles de 22 de las 24 provincias del país.
A pesar de las dificultades para la libre expresión, organización y acción, el gobierno no ha logrado silenciar al pueblo ecuatoriano. Los próximos días lo demostrarán, pero será en condiciones de represión acrecentada. La acción del gobierno de Daniel Noboa es también perjudicial para todos los países de la región, quienes saben que las derechas tienen dificultades en aplicar sus políticas, lo que les hace más violentas e irracionales. El gobierno de Noboa, en otro gesto antipopular, el 12 de septiembre anunció la decisión de liberar el precio del diésel que se comercializa en el país, el cual pasó de 1,80 dólares a 2,80 dólares por galón.
La Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y el Petróleo (ANTEP), desmiente el análisis gubernamental y la existencia real de subsidio al combustible y señala que los beneficiados serán los principalmente los importadores de estos productos. Los analistas advierten que esta elevación del precio en el diésel tendrá un efecto cascada en los productos de primera necesidad. El presidente busca facilitar un nuevo orden político de explotación y opresión actuando por el lado de la fuerza y no de la razón.
En torno a las acciones del pueblo la represión se agudiza. Este 28 de septiembre un indígena de Imbabura murió en medio del choque entre militares y comuneros, según se denuncia tras recibir tres tiros de armas de fuego. En videos se observa como tanto él como un compañero que fue a auxiliarlo, son golpeados y pateados en el suelo por los militares, en una escena que habría durado cerca de 20 minutos.
El gobierno lo único que ha dicho es que había tácticas guerrilleras en el accionar de los comuneros, «Lo de Cotacachi no fue protesta: fue una emboscada cobarde ejecutada por estructuras criminales -terroristas- que atacaron a nuestras Fuerzas Armadas», dijo la Ministra de Gobierno, Zaida Rovira. En la noche, más de 100 vehículos militares salieron en dirección hacia Imbabura, añadiendo el número de tanquetas de guerra, anunciando que la violencia no tendrá límites. El gobierno anunció desde el inicio del paro que buscaría acusar a sus participantes como terroristas y con penas de prisión de hasta 30 años. Ya se encuentran cerca de 100 detenidos, a varios de los cuales se los acusa de terrorismo y se los trasladó a cárceles distantes a su lugar de residencia y que no presentan garantías para su vida. En una de ellas, la de Esmeraldas, el día 25 se produjo una nueva masacre, esta vez con 17 muertos y múltiples heridos.
A algunos de los dirigentes y a organizaciones enteras, bajo supuestas investigaciones que no se esclarecen, ha impuesto el congelamiento de cuentas bancarias. El intento es ubicarles como responsables de lavado de narco-dólares. Por otra parte, en el esfuerzo de intimidar, la Fiscalía del Estado inició investigación penal contra Andrés Quishpe, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE)y del Frente Popular (e); Edwin Bedoya, presidente de turno del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y de la Cedocut; Nery Padilla, presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE); y Wilfrido Espinoza, presidente de la Confederación Nacional de Indígenas, Campesinos y Negros (Fenocin). El supuesto delito de paralización de un servicio público lo pretenden direccionar a participación en crimen organizado y deberán presentarse en Fiscalía el 3 de octubre.
Al mismo tiempo, a más de 50 dirigentes indígenas, ambientalistas y de organizaciones populares, incluido Marlon Vargas, presidente de la Conaie, por presunto enriquecimiento no justificado. Es decir, también por lavado de narco-dólares. La criminalización que se evidencia con estas medidas, dirigida a utilizar la acusación de terrorismo, busca amedrentar y detener el crecimiento de las protestas ciudadanas. En estos días realizó la suspensión arbitraria del canal TV MICC, bajo un informe declarado secreto bajo el argumento de “precautelar el orden público y la seguridad nacional”. Su cierre es un acto de censura y una manera de amenazar a las redes y canales de comunicación alternativos y populares.
En este segundo mandato, Noboa propone una consulta popular e incluso una constituyente con apariencia de acciones democráticas, pero se trata de un intento de limitar derechos ciudadanos, de lograr mayor concentración de poder. Nada democrático y completamente antipopular. En principio, una consulta popular e incluso una constituyente tienen apariencia de acciones democráticas. En este caso, se trata de un intento descarado de limitar derechos ciudadanos, de lograr mayor concentración de poder e incluso de permitir bases militares yanquis en el territorio ecuatoriano. Nada democrático y completamente antipopular. Para ello se ajustó ya la metodología de distribución de escaños en las elecciones pluripersonales.
Se aplicará el método D’Hont que favorece a las fuerzas más fuertes e imposibilita la elección (y posterior participación electoral) de estructuras políticas medianas o pequeñas. Con ello se podría dar paso a un bipartidismo impidiendo que fuerzas populares o indígenas puedan expresarse de manera directa en la constituyente. Se trata de una dirección nada democrática que deberá ser rechazada antes de que la concentración de poder político se agudice en manos de quienes ya tienen concentrado el poder económico y la riqueza.
