Mueren dos presos bajo custodia del Estado venezolano con enfermedades graves en los estados Táchira y Bolívar
Glenda Romero / Venezuela RED Informativa.us
Dos reos identificados como Rendy Ladera Araujo e Ildelfonzo Gil que, padecían enfermedades graves y estaban bajo custodia del Estado venezolano en Táchira y Bolívar, fallecieron los días 26 y 27 de octubre recluido uno de ellos en el Centro Penitenciario de Occidente (CPO I), conocido como la cárcel de Santa Ana, en el estado Táchira y el segundo caso corresponde a Ildelfonzo Gil, quien murió el 27 de octubre en los calabozos policiales de Guaiparo, en Puerto Ordaz, estado Bolívar. El detenido padecía cáncer avanzado en el rostro.De acuerdo al Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Gil permanecía en prisión preventiva y no había sido condenado. Su abogado había solicitado en reiteradas oportunidades una medida humanitaria de arresto domiciliario debido a la gravedad de su enfermedad ante los tribunales competentes en Puerto Ordaz. Este viernes 30 de octubre la organización exigió investigaciones inmediatas para esclarecer las circunstancias de ambos decesos y determinar si hubo retrasos u omisiones en la atención médica.
El segundo caso generó especial preocupación, debido a que su defensa había solicitado reiteradamente una medida humanitaria de arresto domiciliario, pero la boleta que la acordaba apareció fechada el mismo día de su muerte. Ladera Araujo falleció el 26 de octubre en el Hospital Central de San Cristóbal. El permanecía recluido en el Centro Penitenciario de Occidente I (CPO I), conocido como la cárcel de Santa Ana, en el estado Táchira, y, de acuerdo con la información recibida por la organización, padecía leucemia. El OVP señaló que su muerte se suma a otros fallecimientos documentados durante 2026 en ese establecimiento penitenciario. En mayo murió Francisco Orellano y, en junio, Yonny José Bastidas Briceño, quien padecía peritonitis aguda y otras complicaciones de salud. A esta situación se suma el hacinamiento en el CPO I, donde, según la denuncia, permanecen más de mil 300 personas recluidas en instalaciones con capacidad para 800, lo que representa una ocupación superior al 162 %. El hacinamiento es crítico en Santa Ana y Guaiparo, dice el OVP.
Ambos casos plantean serios interrogantes sobre la atención médica y las decisiones de las autoridades responsables de garantizar la vida de quienes permanecen bajo custodia del Estado.Un médico había advertido que le quedaban pocos meses de vida, por lo que su defensa y los familiares realizaron diligencias para que pudiera pasar ese tiempo junto a su familia. Sin embargo, según la denuncia recibida, el tribunal negó la medida en tres oportunidades. Lo más alarmante es que, después de su fallecimiento, apareció una boleta judicial que acordaba el arresto domiciliario, fechada el mismo 27 de octubre. ¿Por qué se rechazaron las solicitudes anteriores y cómo se explica que la medida apareciera cuando Gil ya había muerto? Este caso ocurre en unos calabozos donde permanecen aproximadamente 850 detenidos, pese a que originalmente fueron concebidos para un máximo de 100 personas. Posteriormente se incorporaron espacios de una prefectura contigua para ampliar su capacidad, pero el hacinamiento continúa siendo crítico. La sobrepoblación supera el 566 % y los traslados para recibir atención médica hospitalaria requieren autorización judicial, salvo en casos de estricta emergencia. El cierre de otros establecimientos de reclusión en Bolívar ha contribuido a que los calabozos de los cuerpos policiales, el CICPC y la Guardia Nacional Bolivariana permanezcan abarrotados.
Ante estos fallecimientos, exigen investigaciones inmediatas, exhaustivas e imparciales para determinar qué atención médica recibieron ambos detenidos y si existieron retrasos u omisiones que comprometieran sus vidas. En el caso de Gil, solicitó además la intervención de las autoridades judiciales competentes en Caracas, la jueza rectora y el Ministerio Público, a fin de esclarecer las actuaciones del tribunal que conocía su causa y establecer las posibles responsabilidades penales, administrativas o civiles de los funcionarios involucrados.Instan a las autoridades penitenciarias y judiciales a identificar de manera urgente a todas las personas privadas de libertad que padecen enfermedades graves, crónicas o terminales, garantizarles atención médica especializada y tratamientos continuos, así como evaluar sin dilaciones las medidas humanitarias que correspondan según su condición de salud. Advirtió que estas decisiones no pueden postergarse hasta que la vida de los detenidos esté en peligro inminente e investigar las muertes asociadas a la falta de atención médica y las demás violaciones a los derechos humanos dentro de los centros de reclusión venezolanos, determinar las responsabilidades correspondientes y evitar que estos hechos queden impunes. Habrá justicia.
— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) October 30, 2026
