Internacional

Argentina decomisa avión venezolano-iraní por presuntos nexos con terrorismo

Glenda Romero / Venezuela RED Informativa.us

La aeronave venezolana, que llegó a Argentina,  en junio del año 2022, con tripulantes venezolanos e iraníes sospechosos de espionaje y que  permanecía bajo custodia en Buenos Aires, será decomisada, por órdenes de la justicia argentina y a petición de Estados Unidos.

El juez federal Federico Villena fue quien ordenó la medida a objeto de investigación por posibles vínculos con el terrorismo internacional. El Boeing 747 Dreamliner de carga, fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y actualmente pertenece a Emtrasur, filial de  Conviasa, empresas que están sancionadas por el Departamento del Tesoro de EEUU.

La tripulación, conformada por cinco iraníes y catorce venezolanos, estuvo detenida inicialmente y luego fue puesta en libertad por falta de evidencia.

La justicia de Argentina consideró que el pedido reúne los requisitos legales de admisibilidad, que establece el Tratado de Asistencia Jurídica suscrito entre Argentina y Estados Unidos.

“De este modo, dado que la requisitoria es formalmente admisible y no observada por la Autoridad Central de nuestro país, resulta imperativo dar cumplimiento al compromiso asumido por el Estado Argentino al suscribir el Tratado. Actuar en sentido contrario podría implicar la responsabilidad internacional de la República Argentina, tal como lo afirmara nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación”, indicaron representantes del Ministerio Público  argentino.

El 31 de diciembre de 2023, el régimen de Maduro cuestionó la decisión de Argentina de dictaminar el decomiso del avión venezolano-iraní y aseguró que el gobierno de Argentina “pretende desconocer” el “artículo 27 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, que establece la prohibición de paralización o embargo de una aeronave en servicio por cuestiones de patentes”.

El tratado entre Argentina y Estados Unidos no pueden aplicarlo “a un tercer Estado, porque estaría en franca violación a las obligaciones asumidas en convenios multilaterales”, que establecen “procedimientos para resolver este tipo de controversias”, sostiene el régimen de Caracas.

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