Denuncian la muerte de un nuevo recluso en Uribana bajo custodia del Estado
Glenda Romero / Venezuela RED Informativa.us
Henry Pastor Cristancho Becerra, de 53 años de edad, quien estaba encontraba recluido en el Centro Penitenciario David Viloria, conocido como Uribana, en el estado Lara, murió este sábado, siendo custodio del Estado, según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). La organización responsabilizó al Estado venezolano por lo que calificó como una nueva víctima de la “negligencia gubernamental” que caracteriza al sistema penitenciario.
El OVP a través de fuentes internas del penal, dijo que Cristancho presentó problemas de salud durante varios días, y no recibió atención médica. Las autoridades no han ofrecido una versión oficial del caso , por el contrario, mantienen un hermetismo que, según la ONG, se ha vuelto en Venezuela, una práctica sistemática.
El OVP afirmó que la falta de atención médica convirtió el deterioro de Cristancho en “una condena a muerte que pudo haberse evitado”. La organización recordó que las muertes bajo custodia del Estado rara vez son investigadas con la debida diligencia, lo que perpetúa un ciclo de impunidad y niega a las familias su derecho a la verdad.
“Las muertes bajo custodia no son investigadas, no hay responsables y se repite el patrón de abandono. Es una tragedia que se ha normalizado”, señaló la ONG. Familiares de los privados de libertad relataron al OVP que las condiciones en Uribana son “inhumanas y degradantes”. La alimentación se limita casi exclusivamente a harinas, sin proteínas, ni nutrientes esenciales, lo que ha provocado desnutrición severa en gran parte de la población allí recluida.
Allí, no hay médicos generales, especialistas ni insumos básicos y las enfermedades comunes se agravan hasta volverse mortales. Dentro del penal es prácticamente inexistente la atención médica. Uribana está bajo medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde el 2 de febrero de 2007, debido a su historial de violencia, hacinamiento y violaciones de derechos humanos, pero el OVP afirma que el Estado venezolano ha ignorado estas órdenes, durante casi dos décadas.
“Hemos exigido reiteradamente acciones para proteger la vida y la integridad de los reclusos. No hemos obtenido respuesta alguna”. Garantizar la vida de quienes están bajo custodia del Estado no es un favor, es una obligación constitucional e internacional”, recordó la ONG.
