Cemento usado en las construcciones de la Gran Misión Vivienda no fue de buena calidad
Glenda Romero / Venezuela RED Informativa.us
La calidad del Cemento Venezolano, usado en las construcciones dirigidas por el chavismo, para dar viviendas a los venezolanos pobres, no ha sido de buena calidad, una vez que las cementeras fueron expropiadas por el Estado venezolano, el concreto procesado en las Plantas del Estado no cumplía con las normas Covenin y por tanto el Cemento que utilizaron en todas las obras de infraestructura, no era de calidad. Según investigaciones del área de la construcción y expertos en la materia, la producción cayó a menos del 50% de su capacidad, cuando la esposa del ex canciller Elías Jaua, la señora Natacha Castillo pasó a ocupar la Presidencia de la empresa de cementos. Ella fue quien dirigió durante años Venezolana de Cementos, la empresa estatal que garantizaba los materiales de la Gran Misión Vivienda. Como buena enchufada, Natacha Castillo de Jahua fue presidenta de Cementos de Venezuela –antigua Cemex, expropiada en 2008- hasta febrero de 2013.
Antes, la señora de Jahua formó parte del proceso de estatización de las principales compañías cementeras del país para ese entonces –Cemex (de México), Holcim (de Suiza) y Lafarge (de Francia)-, específicamente en la comisión de transición de Holcim en 2008, y al año siguiente figuró como la coordinadora de la Comisión de Transición de Cemex Venezuela. Ahora quién responde por la calidad del cemento con el que fabricaron las casas de Misión Vivienda.El gobierno de Chávez expropió y nacionalizó la principal industria cementera del país en agosto de 2008 y la medida afectó a la filial de la empresa mexicana Cemex (conocida como Venezolana de Cementos o Vencemos). El decreto de ocupación e intervención se ejecutó el 19 de agosto de 2008 bajo el mandato de Chávez, con el argumento de que fue que la industria representaba un «enclave depredador» y que era necesario asegurar el suministro de materiales para los planes públicos de vivienda. Con la toma de las plantas de Cemex y los convenios con las otras cementeras, el Estado pasó a controlar cerca del 98 % del mercado local de fabricación de cemento, hormigón y agregados.
