El exconcejal José Manuel García Sabino, otro reo que muere bajo custodia del Estado venezolano
Glenda Romero / Venezuela RED Informativa.us
El ex fiscal Zair Mundaray asegura que el caso del exconcejal José Manuel García Sabino, podría estar vinculado a persecución política y corrupción local, las autoridades no ofrecen versión oficial por parte de las autoridades policiales o del Ministerio Público sobre el caso, ni sobre las condiciones en las que se encontraba detenido, mientras exigen investigaciones en la Fiscalía.
La muerte del exconcejal de Anaco, ocurrió detenido bajo custodia en los calabozos de la Policía Municipal de esa localidad. A través de una publicación en la red X, Mundaray afirmó que el exfuncionario había denunciado presuntos hechos de corrupción dentro de la Alcaldía y el Concejo Municipal de Anaco, antes de su detención. Asimismo, señaló que García Sabino habría sido objeto de una presunta persecución, amenazas y de la apertura de un expediente por estafa.
Según estas denuncias, el proceso habría sido impulsado por el alcalde Jesús Ríos y los concejales Edgar Torres y Jean Caraballo. “Anoche apareció muerto en los calabozos de la Policía Municipal. Otro crimen de Estado”, escribió el ex fiscal Mundaray en su mensaje al tiempo que exigió al Ministerio Público abrir una investigación urgente, para esclarecer las circunstancias del fallecimiento y la actuación de las autoridades competentes en el caso. El suceso ha generado nuevas denuncias y llamados de atención sobre las condiciones de custodia en el país. Entretanto, crece la presión pública para que se realice una investigación exhaustiva y transparente.
Con el deceso de García Sabino, la cifra histórica de presos políticos que han perdido la vida bajo la custodia del Estado venezolano sube a 31. El exconcejal había sido detenido, tras liderar una serie de denuncias públicas sobre presuntos hechos de corrupción , lo que, según organizaciones defensoras de derechos humanos, evidenció el uso del sistema judicial penal como herramienta de retaliación política, defensores de derechos humanos reclaman que, de acuerdo con el derecho internacional y la Constitución venezolana, el Estado es el garante absoluto de la vida, la integridad física y la salud de toda persona privada de libertad.
