Venezuela

Exigen auditoría en Alcasa por manipulación de balances financieros para tapar corrupción

GlendaRomero / Venezuela RED Informativa.

El Sindicato de Alcasa está exigiendo la instalación de una comisión externa que audite  diferentes movimientos de la compañía,  para evaluar y constatar el nivel de malversación de fondos por parte de la directiva. Así lo ha planteado, el secretario del comité de Higiene y Seguridad del Sindicato de Trabajadores de Aluminios de Caroní (Sintralcasa), Javier Torres.

El representante sindical denunció que las autoridades de CVG Alcasa “preparan balances y maquillan las cifras financieras de la estatal con el fin de evitar que se descubran actos de corrupción, blanqueo de recursos y malversación de fondos, dentro del marco del operativo ejecutado por la Policía Nacional contra la Corrupción en la Corporación Venezolana de Guayana (CVG)”.

Torres declaró que las autoridades de la empresa buscan encubrir la desaparición de recursos a la nueva junta interventora del holding, la cual fue nombrada tras la detención del presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, Pedro Maldonado, por su vinculación con presuntos hechos  de corrupción.

Los obreros se mantienen firmes en que debe investigarse a la gerencia de personal, comercialización, logística, entre otros departamentos de la estatal del aluminio con el fin de comprobarse cuál ha sido el manejo que han hecho de los recursos.

“De comprobarse un acto de corrupción, pueden ser objetos de sanción penal de 3 a 6 años y no podrán ejercer nunca más un cargo de control en la administración pública”, finalizó Torres.

Este 3 de marzo, trabajadores y líderes laborales miembros de la Intersectorial de Trabajadores (ITG) manifestaron en CVG casa matriz para hacer la misma exigencia, puesto que los empleados consideran necesario que se investigue cada compañía según sus características.

Los obreros se mantienen firmes en que debe investigarse a la gerencia de personal, comercialización, logística, entre otros departamentos de la estatal del aluminio con el fin de comprobarse cuál ha sido el manejo que han hecho de los recursos. “De comprobarse un acto de corrupción, pueden ser objetos de sanción penal de 3 a 6 años y no podrán ejercer nunca más un cargo de control en la administración pública”, advierte Torres.

Trabajadores y líderes laborales miembros de la Intersectorial de Trabajadores (ITG)  han manifestado en  la CVG, para hacer la exigencia, de que se investigue cada compañía según sus características.

“Se debe hacer una auditoría financiera realizada por especialistas contables que puedan evaluar toda la información y operaciones. Todas las transacciones deberían tener sus soportes debidamente certificados y apegados a la normativa interna de la empresa”, señaló Torres.

Este sindicalista subrayó la importancia de que el actual presidente y la junta directiva se mantengan al margen de estas investigaciones, las cuales, en el criterio del sindicato , deben ser desarrolladas por personas externas.

Tras el allanamiento de la CVG se ha detectado e informado públicamente, a través de las instituciones oficiales que, tal como lo denunciaban los empleados hay irregularidades, malversación de fondos y violaciones a los derechos laborales.

Estas últimas constatadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) durante el 2018, año en el que una comisión de encuesta comprobó violaciones a los derechos laborales en Venezuela, por eso  los trabajadores exigen que se restituyan todos los beneficios que se perdieron, durante la gestión de Pedro Maldonado, los diferenciales salariales que les quitaron de sus sueldos, así como  el incumplimiento de las convenciones colectivas.

El dirigente laboral dijo que “En CVG Alcasa, al igual que en otras empresas, se han cometido ligerezas, omisiones, desviaciones y violaciones en los pagos. Cancelan vacaciones mal calculadas, intereses mal calculados. Además hacen ver a la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) que se cancelan completas las nóminas cuando en realidad se estaban robando el pago de los trabajadores”.

Esta denuncia  es respaldada por sidoristas, quienes aseguran tener pruebas de presuntos pagos que la directiva le informó al Estado que hizo a los trabajadores en forma de bonos, que nunca fueron  recibieron.

 “¿Quién se queda con esas variaciones? Los ingresos y egresos de la empresa deberían cuadrar. Cualquier variación es una desviación de fondos públicos y se tipifica como malversación del patrimonio público”, alertaron los voceros de la organización.

En el año  2022, denunciaron el despido masivo de 900 empleados de la compañía, ante el Foro de Diálogo Social moderado por la OIT en Caracas.

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