Internacional

Expertos de la ONU condenan sentencia contra los seis sindicalistas

Glenda Romero / Venezuela RED Informativa.us

El uso de la legislación antiterrorista contra actores de la sociedad civil y personas defensoras de los derechos humanos debe cesar de inmediato», advirtieron los expertos de la ONU al Poder Judicial venezolano y le instó a revisar las condenas, aplicando estándares internacionales conforme a los derechos humanos, esto a propósito de la reciente condena a 16 años a los sindicalistas.

El uso de la calificación de «terrorismo» es un «abuso crónico» utilizado en contra de quienes defienden los derechos de los trabajadores, dijeron los especialistas.

Fionnuala Ní Aoláin, y sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Nyaletsossi Voule,
Ambos relatores especiales sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, expresaron en un comunicado «su profunda preocupación por la sentencia del 1 de agosto de 2023» que condena a seis sindicalistas a 16 años de prisión por los presuntos delitos de conspiración y asociación para delinquir.

« En un proceso judicial marcado por irregularidades y excepcionalidades, tal abuso de medidas antiterroristas es totalmente contrario al derecho internacional», afirmaron.

Asimismo cuestionaron la alta pena impuesta a Alcides Bracho, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Reinaldo Cortés, Alonso Meléndez y Nestor Astudillo y lo calificaron como una «tendencia creciente y preocupante» para perseguir, acosar y en última instancia «sacar de circulación» a disidentes opositores o defensores de los derechos humanos.
Para los expertos de la ONU, «este tipo de uso indebido es un intento de sofocar y asfixiar a la sociedad civil organizada».
«La dureza de las condenas sirve de advertencia a otras personas que podrían participar en actividades disidentes o asociativas, contrarias a las opiniones del gobierno. Las autoridades venezolanas están utilizando la lucha contra el terrorismo para excluir y socavar la labor legítima en favor de los derechos humanos», afirmaron.

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