Luis Manuel Marcano* / Venezuela RED Informativa.us
Al cerrar los ojos frente a las imágenes de Núremberg, no es difícil imaginar una humanidad que quiso, al menos una vez, ponerle freno al abismo. Allí, en ese teatro transformado en tribunal, el mundo pareció redimirse por un instante: las cenizas de Auschwitz aún humeaban en la conciencia colectiva, y las ruinas de Europa, sembradas de cadáveres anónimos, exigían una justicia sin precedentes. Por primera vez, no era la historia la que juzgaba, sino los hombres, reunidos bajo una legalidad nueva y temblorosa, tratando de decirle al crimen más abyecto —el genocidio— que no habría más indulgencia, ni más silencio. Y sin embargo, ochenta años después, el eco de esos martillos en Núremberg parece haberse vuelto un murmullo retórico, un rito sin alma repetido en foros diplomáticos que encubren, más que revelan, la relación íntima entre genocidio y política internacional.
Los juicios de Núremberg fueron mucho más que una condena: fueron un acto fundacional, el intento por codificar el mal radical y colocar la dignidad humana por encima de la soberanía de los Estados. Por un breve periodo, pareció posible imaginar un orden donde la justicia no estuviera subordinada a la geopolítica, donde los criminales de guerra no pudieran refugiarse tras fronteras ni discursos patrióticos. Pero esa promesa se fue desdibujando a medida que el mundo se reordenaba entre bloques, doctrinas y silencios. La Guerra Fría enfrió también el ardor moral del tribunal de Núremberg, y lo que había comenzado como una llama se convirtió en ceniza selectiva: sólo se juzgaba al enemigo vencido, nunca al aliado útil.
No hay mejor evidencia de esta deriva que el tiempo que tomó llegar a los juicios contra los jemeres rojos en Camboya. Entre 1975 y 1979, bajo el régimen de Pol Pot, más de un cuarto de la población fue exterminada en campos de trabajo, prisiones o simplemente de hambre. ¿Y qué hizo el mundo? Miró hacia otro lado. Pol Pot murió en su cama en 1998. Su lugarteniente Nuon Chea fue condenado en 2018, es decir, cuarenta años después del horror. La justicia llegó, sí, pero como llega el rocío a una tierra calcinada: demasiado tarde, demasiado poco. El juicio fue menos una condena que una elegía. ¿Cómo justificar que hayan pasado generaciones enteras antes de que alguien respondiera por la masacre de un pueblo entero?
Más cerca, en el trópico caribeño, la impunidad adquirió forma de revolución. Fidel Castro, figura icónica para muchos, fue también el arquitecto de una represión sistemática que encarceló, torturó y ejecutó a miles en nombre de la utopía socialista. Cientos de testimonios relatan fusilamientos sumarios, prisiones políticas inhumanas, vigilancia masiva y exilios forzados. Pero la narrativa del antiimperialismo convirtió sus crímenes en sacrificios. La izquierda internacional se colocó un pañuelo en la nariz —como quien se protege del hedor de una cloaca incómoda— y siguió adelante. Castro murió en 2016, ovacionado por jefes de Estado, sin haber enfrentado jamás un tribunal. La justicia, si llegó, fue sólo histórica. Pero el dolor de los sobrevivientes nunca encontró tribunal. En Cuba, la revolución se comió a sus hijos, y el mundo se comió el cuento.
Hoy, cuando la Corte Penal Internacional (CPI) emite órdenes de arresto contra figuras como Vladimir Putin por el traslado forzoso de niños ucranianos, o contra Benjamin Netanyahu por las operaciones militares en Gaza, se levanta un clamor de escepticismo. ¿Acaso alguien cree que estos hombres serán arrestados? La CPI, creada como heredera de Núremberg, parece haber sido reducida a un recurso de presión diplomática, una puesta en escena sin consecuencias reales. Los grandes no se sientan en el banquillo, porque en el derecho internacional la balanza aún está atada a la voluntad política de los poderosos. Ni Rusia reconoce a la CPI, ni Israel, ni Estados Unidos. Entonces, ¿quién queda por juzgar? Sólo los líderes de países pequeños, aquellos cuya caída no trastoca el tablero global.
Y mientras tanto, en Venezuela, las fosas comunes brotan como hongos tras la lluvia. El informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2020 y actualizado en años sucesivos, ha documentado ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas. Se habla de crímenes de lesa humanidad, no como hipótesis, sino como constataciones. ¿Dónde están los juicios? ¿Dónde las condenas? ¿Dónde la comunidad internacional? Algunos funcionarios han sido sancionados, sí. Pero Nicolás Maduro sigue en Miraflores, sonriente, convocando elecciones fraudulentas y estrechando manos en foros internacionales. La justicia internacional, frente al caso venezolano, parece caminar en cámara lenta, si es que camina.
¿Debemos esperar a que Maduro, aprovechándose de su cercanía geográfica con Estados Unidos y de los espías que seguramente operan en suelo estadounidense con pasaporte venezolano, disponga de un arma nuclear para ejecutar la “venganza persa” que sus aliados han prometido desde la muerte de Soleimani y que ha vuelto a sonar tras los recientes bombardeos? ¿Es tan difícil que se movilice un arma nuclear con la tecnología de hoy, del mismo modo en que las calles estadounidenses se inundan de droga que cruza impunemente las fronteras? ¿O acaso el mundo seguirá confiando en que las amenazas solo se concretan cuando explotan?
¿Y entonces? ¿Qué debe pasar para que haya otro Núremberg? ¿Qué catástrofe, qué evidencia, qué horror inimaginable debe repetirse para que el mundo se sacuda el letargo? Tal vez la pregunta correcta no sea qué debe pasar, sino qué hemos dejado de ver. Porque los genocidios modernos —y uso el plural con la conciencia de quien no exagera— no siempre son ejecutados con hornos ni trenes, sino con hambre, miedo y propaganda. Son genocidios de baja intensidad, sistemáticos, fragmentarios, pero no menos devastadores. Y si la justicia internacional aún cree que sólo se debe actuar cuando el genocidio es explícito y masivo, entonces no ha entendido la lección de estos 80 años.
El problema, al final, no es jurídico. Es político. Y es moral. El genocidio no ocurre en el vacío; es precedido por discursos de odio, por deshumanización sistemática, por la conversión del otro en enemigo existencial. Pero esos discursos no florecen sin complicidad internacional. Cada vez que una potencia respalda a un régimen represivo por intereses económicos o estratégicos, siembra la semilla del horror. El genocidio, en última instancia, no es sólo un crimen contra un pueblo; es un fracaso colectivo de la humanidad. Y la política internacional —con sus vetos en la ONU, sus cumbres inoperantes y su hipocresía calculada— es el terreno fértil donde florece esa impunidad.
Hay un pacto tácito entre naciones: tú no me juzgas y yo no te juzgo. Los derechos humanos han sido, demasiadas veces, un instrumento retórico. Se invocan contra el enemigo y se silencian frente al aliado. La política exterior de los países democráticos está impregnada de realismo político: se priorizan los intereses geopolíticos por encima de las víctimas. Así, Arabia Saudita sigue siendo aliado estratégico pese a sus ejecuciones públicas; China sigue siendo interlocutor privilegiado pese a su represión en Xinjiang; y Venezuela continúa vendiendo petróleo clandestino a pesar de las sanciones, mientras asesina estudiantes. La justicia internacional, sin voluntad política, se convierte en mera puesta en escena.
En este escenario, la relación entre genocidio y política internacional es escandalosamente estrecha. Los crímenes más atroces no ocurren sólo porque hay tiranos dispuestos a ordenar la muerte, sino porque hay Estados dispuestos a tolerarla. El genocidio necesita complicidad, y la encuentra. No sólo en los funcionarios locales que obedecen, sino en los gobiernos extranjeros que callan, en las empresas que negocian, en las organizaciones que relativizan. Y el silencio es el oxígeno de la impunidad.
Hemos transformado la frase «nunca más», aquella que retumbó como un escupitajo de dignidad en la cara de los verdugos, que brotó de los labios secos y firmes del fiscal Julio César Strassera, en aquel 1985, cuando por fin se juzgaba a la Junta Militar y la justicia -aunque tardía- afilaba sus colmillos, en una fórmula vacía. Se repite como un conjuro, pero no se actúa con consecuencia. En Ruanda, en 1994, la comunidad internacional dejó morir a 800.000 personas con armas rudimentarias, machete en mano. En Bosnia, en Srebrenica, 8.000 musulmanes fueron ejecutados frente a tropas de paz que no intervinieron. En Darfur, Sudán, se asesinaron cientos de miles con la aquiescencia del mundo. Y aún hoy, los rohingya son perseguidos en Birmania, mientras el planeta gira con indiferencia.
¿Hemos aprendido algo en ochenta años? Si aprendimos, ¿por qué sigue muriendo gente por su etnia, religión o ideología política? ¿Por qué seguimos negociando con criminales? ¿Por qué la CPI no tiene dientes, por qué la ONU está paralizada por el veto, por qué las sanciones son tan selectivas y el dolor tan ignorado? Porque en el fondo, la política internacional no se guía por principios universales, sino por intereses concretos. Y mientras eso no cambie, el genocidio seguirá siendo una posibilidad cíclica. No un error del pasado, sino un riesgo permanente del presente.
¿Será posible otro Núremberg? Tal vez. Pero no bastará con documentos ni tratados. Se requerirá una revolución ética en la arquitectura del poder global o una supertragedia mundial. Requerirá que las víctimas tengan voz, que la justicia no dependa del tamaño del país ni del petróleo que produce, que el crimen sea crimen sin importar quién lo comete. Y para eso, el mundo deberá enfrentarse a sus propias sombras. Porque el verdadero juicio que falta no es el de los criminales, sino el de las naciones que permitieron que el crimen se repitiera.
Mientras tanto, seguimos caminando con un pañuelo en la nariz, avanzando al borde del precipicio, pretendiendo que no huele a muerte. El genocidio ya no necesita el humo de los hornos: basta con nuestra indiferencia. Y quizás, esa sea hoy la forma más elegante de barbarie.
*Luis Manuel Marcano Salazar es director de investigación en la Universidad SEK
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