Ipys documentó una persecución a la prensa en Venezuela, en el primer semestre de 2025
Glenda Romero / Venezuela RED Informativa.us
En este 2025, el ejercicio del periodismo en Venezuela ha estado marcado por la profundización de las hostilidades contra la prensa, en medio de las tensiones políticas por los procesos electorales. Las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, generaron una represión sin precedentes, tanto, que el mismo gobierno destacó que más de 2.000 personas habían sido detenidas, por las manifestaciones contra los resultados electorales que le otorgaron la victoria a Maduro.
Esta arremetida incluyó a 11 periodistas encarcelados o encarceladas entre julio y diciembre de 2024, pero la prisión contra la prensa independiente prosiguió en 2025 y, desde enero hasta el 25 de julio otros nueve periodistas fueron enviados a la cárcel. Antes, del 28 de julio de 2024, habían sido encarcelados tres periodistas. Para el 25 de julio de 2025 se contabilizan 15 periodistas tras las rejas. Este número, sin precedentes en la historia de Venezuela, constituye una situación alarmante que resume el riesgo actual de hacer periodismo en el país.
Desde el oficialismo, se reactivó el plan denominado “Furia Bolivariana”, emprendido después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. En ese contexto de la toma de posesión del 10 de enero, IPYS Venezuela documentó 25 ataques a la prensa en el país, entre ellas cuatro detenciones arbitrarias y seis agresiones y hechos de amedrentamiento que afectaron a 10 trabajadores de la prensa. Además, entre el 7 y el 10 de enero, hubo bloqueos a 58 sitios web de redes sociales y herramientas para evadir la censura en internet. La novedad en ese momento fue el bloqueo a la red social TikTok durante cinco días.
Una de las situaciones más preocupantes es el desplazamiento forzado de periodistas como medida de protección. Hay quienes se han tenido que mudar de ciudad y de estado, temporal o permanentemente, e, incluso, quienes se sienten más perseguidos y perseguidas por el Estado venezolano han huido al exterior. El exilio de periodistas venezolanos comienza a consolidarse como otra evidencia de las dificultades para ejercer la profesión en el país.
La arremetida gubernamental también se ha profundizado en el plano legislativo, mediante normas restrictivas de la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho de acceso a la información pública. Durante los primeros meses de 2025, muchos medios de comunicación independientes se han visto afectados por el creciente y progresivo cierre del espacio cívico en Venezuela y las dificultades para contar con fuentes de financiamiento para desarrollar proyectos periodísticos.
En este informe semestral, IPYS Venezuela pone el acento en el encarcelamiento de periodistas como una modalidad de censura. Cada vez más, el Estado venezolano descuida las formalidades jurídicas, para avanzar en la criminalización del ejercicio periodístico: cuerpos de seguridad, fiscales y jueces siguen lineamientos del oficialismo y actúan coordinadamente para poner al periodismo tras las rejas.
Durante el primer semestre de 2025, el monitoreo de IPYS Venezuela registró un total de 84 casos de violaciones a la libertad de expresión en todo el país, que derivaron en 110 vulneraciones específicas a derechos informativos. Los principales afectados fueron periodistas y trabajadores de la prensa, aunque también se documentaron agresiones dirigidas a medios de comunicación y fuentes informativas.
Los tipos de vulneración más frecuentes destacan las restricciones en internet (33 casos), las agresiones físicas o verbales (23), el discurso estigmatizante (18), las detenciones arbitrarias (11) y las restricciones administrativas (9). También se reportaron restricciones de acceso a la información (7), hostigamiento judicial (6), y un caso de desaparición forzada.Una de las principales tendencias observadas en este período ha sido el aumento sostenido de las detenciones arbitrarias de periodistas, con 11 trabajadores de la prensa privados de libertad. Esta práctica, que suele ir acompañada de acusaciones como “terrorismo”, “asociación para delinquir” o “instigación al odio”, ha reforzado el patrón de judicialización selectiva del ejercicio periodístico.
Otra tendencia alarmante ha sido la criminalización de las fuentes informativas, lo que representa una amenaza doble. Por un lado, inhibe la labor periodística; y por otro, socava el derecho de la ciudadanía a acceder a información de interés público. Estas formas de intimidación, especialmente en regiones donde persiste la opacidad institucional, se ha convertido en una estrategia de censura indirecta. Las víctimas de estas vulneraciones fueron 54 personas identificadas, 40 hombres y 14 mujeres. Aunque estas cifras reflejan una mayor exposición de los hombres a situaciones de riesgo directo, es importante subrayar que en el caso de las mujeres periodistas las agresiones pueden tener impactos diferenciados y más profundos, debido a factores como la estigmatización de género y la afectación de sus entornos familiares.
En cuanto a las profesiones, los reporteros fueron los más afectados (31 casos), seguidos por directivos de medios (7), activistas de derechos humanos (4), editores (4) y otros roles como camarógrafos, conductores de TV, escritores y choferes. También se documentó la afectación de al menos 24 medios o plataformas informativas, de los cuales la mayoría fueron medios digitales (12) y radioemisoras (6), además de cuentas informativas en redes sociales, una agencia de noticias y una televisora. La ausencia de mecanismos eficaces de protección, sumada a la concentración del poder y la falta de independencia judicial, ha profundizado un estado de inseguridad jurídica e indefensión estructural para quienes ejercen el derecho a informar. Este deterioro no es casual ni aislado, responde a una estrategia deliberada de control informativo.
En este 2025, el ejercicio del periodismo en Venezuela ha estado marcado por la profundización de las hostilidades contra la prensa, en medio de las tensiones políticas por los procesos electorales.
Las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, generaron una represión sin precedentes, tanto, que el mismo gobierno destacó que más de 2.000 personas habían sido detenidas, por las manifestaciones contra los resultados electorales que le otorgaron la victoria a Maduro.
Esta arremetida incluyó a 11 periodistas encarcelados o encarceladas entre julio y diciembre de 2024, pero la prisión contra la prensa independiente prosiguió en 2025 y, desde enero hasta el 25 de julio otros nueve periodistas fueron enviados a la cárcel.
Antes, del 28 de julio de 2024, habían sido encarcelados tres periodistas. Para el 25 de julio de 2025 se contabilizan 15 periodistas tras las rejas. Este número, sin precedentes en la historia de Venezuela, constituye una situación alarmante que resume el riesgo actual de hacer periodismo en el país.
Desde el oficialismo, se reactivó el plan denominado “Furia Bolivariana”, emprendido después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
En ese contexto de la toma de posesión del 10 de enero, IPYS Venezuela documentó 25 ataques a la prensa en el país, entre ellas cuatro detenciones arbitrarias y seis agresiones y hechos de amedrentamiento que afectaron a 10 trabajadores de la prensa. Además, entre el 7 y el 10 de enero, hubo bloqueos a 58 sitios web de redes sociales y herramientas para evadir la censura en internet. La novedad en ese momento fue el bloqueo a la red social TikTok durante cinco días.
Una de las situaciones más preocupantes es el desplazamiento forzado de periodistas como medida de protección. Hay quienes se han tenido que mudar de ciudad y de estado, temporal o permanentemente, e, incluso, quienes se sienten más perseguidos y perseguidas por el Estado venezolano han huido al exterior. El exilio de periodistas venezolanos comienza a consolidarse como otra evidencia de las dificultades para ejercer la profesión en el país.
La arremetida gubernamental también se ha profundizado en el plano legislativo, mediante normas restrictivas de la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho de acceso a la información pública.
Durante los primeros meses de 2025, muchos medios de comunicación independientes se han visto afectados por el creciente y progresivo cierre del espacio cívico en Venezuela y las dificultades para contar con fuentes de financiamiento para desarrollar proyectos periodísticos.
En este informe semestral, IPYS Venezuela pone el acento en el encarcelamiento de periodistas como una modalidad de censura. Cada vez más, el Estado venezolano descuida las formalidades jurídicas, para avanzar en la criminalización del ejercicio periodístico: cuerpos de seguridad, fiscales y jueces siguen lineamientos del oficialismo y actúan coordinadamente para poner al periodismo tras las rejas.
Durante el primer semestre de 2025, el monitoreo de IPYS Venezuela registró un total de 84 casos de violaciones a la libertad de expresión en todo el país, que derivaron en 110 vulneraciones específicas a derechos informativos. Los principales afectados fueron periodistas y trabajadores de la prensa, aunque también se documentaron agresiones dirigidas a medios de comunicación y fuentes informativas.
Los tipos de vulneración más frecuentes destacan las restricciones en internet (33 casos), las agresiones físicas o verbales (23), el discurso estigmatizante (18), las detenciones arbitrarias (11) y las restricciones administrativas (9). También se reportaron restricciones de acceso a la información (7), hostigamiento judicial (6), y un caso de desaparición forzada.
Una de las principales tendencias observadas en este período ha sido el aumento sostenido de las detenciones arbitrarias de periodistas, con 11 trabajadores de la prensa privados de libertad. Esta práctica, que suele ir acompañada de acusaciones como “terrorismo”, “asociación para delinquir” o “instigación al odio”, ha reforzado el patrón de judicialización selectiva del ejercicio periodístico.
Otra tendencia alarmante ha sido la criminalización de las fuentes informativas, lo que representa una amenaza doble. Por un lado, inhibe la labor periodística; y por otro, socava el derecho de la ciudadanía a acceder a información de interés público. Estas formas de intimidación, especialmente en regiones donde persiste la opacidad institucional, se ha convertido en una estrategia de censura indirecta.
Las víctimas de estas vulneraciones fueron 54 personas identificadas, 40 hombres y 14 mujeres. Aunque estas cifras reflejan una mayor exposición de los hombres a situaciones de riesgo directo, es importante subrayar que en el caso de las mujeres periodistas las agresiones pueden tener impactos diferenciados y más profundos, debido a factores como la estigmatización de género y la afectación de sus entornos familiares.
En cuanto a las profesiones, los reporteros fueron los más afectados (31 casos), seguidos por directivos de medios (7), activistas de derechos humanos (4), editores (4) y otros roles como camarógrafos, conductores de TV, escritores y choferes. También se documentó la afectación de al menos 24 medios o plataformas informativas, de los cuales la mayoría fueron medios digitales (12) y radioemisoras (6), además de cuentas informativas en redes sociales, una agencia de noticias y una televisora.
La ausencia de mecanismos eficaces de protección, sumada a la concentración del poder y la falta de independencia judicial, ha profundizado un estado de inseguridad jurídica e indefensión estructural para quienes ejercen el derecho a informar. Este deterioro no es casual ni aislado, responde a una estrategia deliberada de control informativo.
ESegún el último informe semestral del Instituto de Prensa y sociedad, en este 2025, el ejercicio del periodismo en Venezuela ha estado marcado por la profundización de las hostilidades contra la prensa, en medio de las tensiones políticas por los procesos electorales. Las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, generaron una represión sin precedentes, tanto, que el mismo gobierno destacó que más de 2.000 personas habían sido detenidas, por las manifestaciones contra los resultados electorales que le otorgaron la victoria a Maduro.
Esta arremetida incluyó a 11 periodistas encarcelados o encarceladas entre julio y diciembre de 2024, pero la prisión contra la prensa independiente prosiguió en 2025 y, desde enero hasta el 25 de julio otros nueve periodistas fueron enviados a la cárcel.
Antes, del 28 de julio de 2024, habían sido encarcelados tres periodistas. Para el 25 de julio de 2025 se contabilizan 15 periodistas tras las rejas. Este número, sin precedentes en la historia de Venezuela, constituye una situación alarmante que resume el riesgo actual de hacer periodismo en el país.
Desde el oficialismo, se reactivó el plan denominado “Furia Bolivariana”, emprendido después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. En ese contexto de la toma de posesión del 10 de enero, IPYS Venezuela documentó 25 ataques a la prensa en el país, entre ellas cuatro detenciones arbitrarias y seis agresiones y hechos de amedrentamiento que afectaron a 10 trabajadores de la prensa. Además, entre el 7 y el 10 de enero, hubo bloqueos a 58 sitios web de redes sociales y herramientas para evadir la censura en internet. La novedad en ese momento fue el bloqueo a la red social TikTok durante cinco días.
Una de las situaciones más preocupantes es el desplazamiento forzado de periodistas como medida de protección. Hay quienes se han tenido que mudar de ciudad y de estado, temporal o permanentemente, e, incluso, quienes se sienten más perseguidos y perseguidas por el Estado venezolano han huido al exterior. El exilio de periodistas venezolanos comienza a consolidarse como otra evidencia de las dificultades para ejercer la profesión en el país.
La arremetida gubernamental también se ha profundizado en el plano legislativo, mediante normas restrictivas de la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho de acceso a la información pública.
Durante los primeros meses de 2025, muchos medios de comunicación independientes se han visto afectados por el creciente y progresivo cierre del espacio cívico en Venezuela y las dificultades para contar con fuentes de financiamiento para desarrollar proyectos periodísticos.
En este informe semestral, IPYS Venezuela pone el acento en el encarcelamiento de periodistas como una modalidad de censura. Cada vez más, el Estado venezolano descuida las formalidades jurídicas, para avanzar en la criminalización del ejercicio periodístico: cuerpos de seguridad, fiscales y jueces siguen lineamientos del oficialismo y actúan coordinadamente para poner al periodismo tras las rejas.
Durante el primer semestre de 2025, el monitoreo de IPYS Venezuela registró un total de 84 casos de violaciones a la libertad de expresión en todo el país, que derivaron en 110 vulneraciones específicas a derechos informativos. Los principales afectados fueron periodistas y trabajadores de la prensa, aunque también se documentaron agresiones dirigidas a medios de comunicación y fuentes informativas.
Los tipos de vulneración más frecuentes destacan las restricciones en internet (33 casos), las agresiones físicas o verbales (23), el discurso estigmatizante (18), las detenciones arbitrarias (11) y las restricciones administrativas (9). También se reportaron restricciones de acceso a la información (7), hostigamiento judicial (6), y un caso de desaparición forzada.
Una de las principales tendencias observadas en este período ha sido el aumento sostenido de las detenciones arbitrarias de periodistas, con 11 trabajadores de la prensa privados de libertad. Esta práctica, que suele ir acompañada de acusaciones como “terrorismo”, “asociación para delinquir” o “instigación al odio”, ha reforzado el patrón de judicialización selectiva del ejercicio periodístico.
Otra tendencia alarmante ha sido la criminalización de las fuentes informativas, lo que representa una amenaza doble. Por un lado, inhibe la labor periodística; y por otro, socava el derecho de la ciudadanía a acceder a información de interés público. Estas formas de intimidación, especialmente en regiones donde persiste la opacidad institucional, se ha convertido en una estrategia de censura indirecta.
Las víctimas de estas vulneraciones fueron 54 personas identificadas, 40 hombres y 14 mujeres. Aunque estas cifras reflejan una mayor exposición de los hombres a situaciones de riesgo directo, es importante subrayar que en el caso de las mujeres periodistas las agresiones pueden tener impactos diferenciados y más profundos, debido a factores como la estigmatización de género y la afectación de sus entornos familiares.
En cuanto a las profesiones, los reporteros fueron los más afectados (31 casos), seguidos por directivos de medios (7), activistas de derechos humanos (4), editores (4) y otros roles como camarógrafos, conductores de TV, escritores y choferes. También se documentó la afectación de al menos 24 medios o plataformas informativas, de los cuales la mayoría fueron medios digitales (12) y radioemisoras (6), además de cuentas informativas en redes sociales, una agencia de noticias y una televisora.
La ausencia de mecanismos eficaces de protección, sumada a la concentración del poder y la falta de independencia judicial, ha profundizado un estado de inseguridad jurídica e indefensión estructural para quienes ejercen el derecho a informar. Este deterioro no es casual ni aislado, responde a una estrategia deliberada de control informativo.
En este 2025, el ejercicio del periodismo en Venezuela ha estado marcado por la profundización de las hostilidades contra la prensa, en medio de las tensiones políticas por los procesos electorales.
Las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, generaron una represión sin precedentes, tanto, que el mismo gobierno destacó que más de 2.000 personas habían sido detenidas, por las manifestaciones contra los resultados electorales que le otorgaron la victoria a Maduro.
Esta arremetida incluyó a 11 periodistas encarcelados o encarceladas entre julio y diciembre de 2024, pero la prisión contra la prensa independiente prosiguió en 2025 y, desde enero hasta el 25 de julio otros nueve periodistas fueron enviados a la cárcel.
tes, del 28 de julio de 2024, habían sido encarcelados tres periodistas. Para el 25 de julio de 2025 se contabilizan 15 periodistas tras las rejas. Este número, sin precedentes en la historia de Venezuela, constituye una situación alarmante que resume el riesgo actual de hacer periodismo en el país.
Desde el oficialismo, se reactivó el plan denominado “Furia Bolivariana”, emprendido después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. En ese contexto de la toma de posesión del 10 de enero, IPYS Venezuela documentó 25 ataques a la prensa en el país, entre ellas cuatro detenciones arbitrarias y seis agresiones y hechos de amedrentamiento que afectaron a 10 trabajadores de la prensa. Además, entre el 7 y el 10 de enero, hubo bloqueos a 58 sitios web de redes sociales y herramientas para evadir la censura en internet. La novedad en ese momento fue el bloqueo a la red social TikTok durante cinco días.
Una de las situaciones más preocupantes es el desplazamiento forzado de periodistas como medida de protección. Hay quienes se han tenido que mudar de ciudad y de estado, temporal o permanentemente, e, incluso, quienes se sienten más perseguidos y perseguidas por el Estado venezolano han huido al exterior. El exilio de periodistas venezolanos comienza a consolidarse como otra evidencia de las dificultades para ejercer la profesión en el país.
La arremetida gubernamental también se ha profundizado en el plano legislativo, mediante normas restrictivas de la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho de acceso a la información pública.
Durante los primeros meses de 2025, muchos medios de comunicación independientes se han visto afectados por el creciente y progresivo cierre del espacio cívico en Venezuela y las dificultades para contar con fuentes de financiamiento para desarrollar proyectos periodísticos.
En este informe semestral, IPYS Venezuela pone el acento en el encarcelamiento de periodistas como una modalidad de censura. Cada vez más, el Estado venezolano descuida las formalidades jurídicas, para avanzar en la criminalización del ejercicio periodístico: cuerpos de seguridad, fiscales y jueces siguen lineamientos del oficialismo y actúan coordinadamente para poner al periodismo tras las rejas.
Durante el primer semestre de 2025, el monitoreo de IPYS Venezuela registró un total de 84 casos de violaciones a la libertad de expresión en todo el país, que derivaron en 110 vulneraciones específicas a derechos informativos. Los principales afectados fueron periodistas y trabajadores de la prensa, aunque también se documentaron agresiones dirigidas a medios de comunicación y fuentes informativas.
Los tipos de vulneración más frecuentes destacan las restricciones en internet (33 casos), las agresiones físicas o verbales (23), el discurso estigmatizante (18), las detenciones arbitrarias (11) y las restricciones administrativas (9). También se reportaron restricciones de acceso a la información (7), hostigamiento judicial (6), y un caso de desaparición forzada.
Una de las principales tendencias observadas en este período ha sido el aumento sostenido de las detenciones arbitrarias de periodistas, con 11 trabajadores de la prensa privados de libertad. Esta práctica, que suele ir acompañada de acusaciones como “terrorismo”, “asociación para delinquir” o “instigación al odio”, ha reforzado el patrón de judicialización selectiva del ejercicio periodístico.
Otra tendencia alarmante ha sido la criminalización de las fuentes informativas, lo que representa una amenaza doble. Por un lado, inhibe la labor periodística; y por otro, socava el derecho de la ciudadanía a acceder a información de interés público. Estas formas de intimidación, especialmente en regiones donde persiste la opacidad institucional, se ha convertido en una estrategia de censura indirecta.
Las víctimas de estas vulneraciones fueron 54 personas identificadas, 40 hombres y 14 mujeres. Aunque estas cifras reflejan una mayor exposición de los hombres a situaciones de riesgo directo, es importante subrayar que en el caso de las mujeres periodistas las agresiones pueden tener impactos diferenciados y más profundos, debido a factores como la estigmatización de género y la afectación de sus entornos familiares.
En cuanto a las profesiones, los reporteros fueron los más afectados (31 casos), seguidos por directivos de medios (7), activistas de derechos humanos (4), editores (4) y otros roles como camarógrafos, conductores de TV, escritores y choferes. También se documentó la afectación de al menos 24 medios o plataformas informativas, de los cuales la mayoría fueron medios digitales (12) y radioemisoras (6), además de cuentas informativas en redes sociales, una agencia de noticias y una televisora. La ausencia de mecanismos eficaces de protección, sumada a la concentración del poder y la falta de independencia judicial, ha profundizado un estado de inseguridad jurídica e indefensión estructural para quienes ejercen el derecho a informar. Este deterioro no es casual ni aislado, responde a una estrategia deliberada de control informativo.
