César Ojeda / Venezuela RED Informativa.us
Venezuela recibe hoy el anuncio de 300 millones de dólares como primer ingreso petrolero producto de un acuerdo con los Estados Unidos. Ciertamente, pasar de no recibir nada a recibir dinero líquido es un alivio momentáneo para una nación asfixiada.
Pero no nos engañemos: esa cifra es insignificante frente al saqueo sistemático, prolongado y estructural que ha desangrado al país durante décadas. Este desfalco no comenzó ayer. Viene desde antes, desde episodios emblemáticos como el ocurrido durante el gobierno de Luis Herrera Campins, cuando el entonces ministro Vinicio Carrera se llevó y esfumó 200 millones de dólares, sin que jamás rindiera cuentas ante la justicia.
Y es necesario decirlo con claridad: el petróleo no ha sido el único botín.
También lo han sido el oro del Arco Minero, extraído de forma criminal, destruyendo ecosistemas completos, ríos, selvas y comunidades indígenas, dejando muerte, enfermedades y territorios sin ley.
A ello se suma uno de los crímenes más perversos y dolorosos: el desvío de miles de millones de dólares destinados a alimentos y medicinas, dotaciones que nunca llegaron al pueblo venezolano, mientras millones de ciudadanos pasaban hambre, emigraban forzosamente o morían en silencio.
Este expolio no ha distinguido colores políticos.
La verdadera constante ha sido la impunidad, producto de una justicia ausente o complaciente. Hoy se anuncia que la presidenta encargada Delcy Rodríguez publicará en redes sociales cuánto y en qué se gastó cada centavo de los 300 millones de dólares. Sea por presión externa o por decisión propia, así debe funcionar la nueva Venezuela: transparencia permanente sobre cuánto entra y cuánto sale de la caja pública.
Presidenta encargada Delcy Rodríguez:
Usted sabe quiénes son y dónde están muchos de los responsables del saqueo. En virtud de sus relaciones con los Estados Unidos, debe solicitar cooperación internacional para identificar, investigar y congelar las cuentas de todos los exfuncionarios públicos, civiles y militares, desde la llamada Cuarta República hasta hoy, con fortunas imposibles de justificar.
Ese dinero debe ser confiscado y devuelto al erario nacional.
Caerán exaltos funcionarios, gobernadores y exgobernadores que llegaron a sus cargos con una mano delante y otra detrás y hoy viven como magnates. También caerán intermediarios y empresarios de maletín disfrazados de inversionistas, muchos de ellos residenciados en Miami, Estados Unidos, Europa y otros continentes, incapaces de explicar el origen de sus fortunas.
Así como hoy se exige responsabilidad a Nicolás Maduro, deben rendir cuentas todos los que saquearon al país, incluidos actores del sector privado que recibieron millonarios recursos bajo esquemas de control cambiario, sin que esos fondos se tradujeran en desarrollo ni bienestar nacional. Quien figure en los archivos contables de la nación, tendrá que responder.
Exigimos:
- Identificación, localización y congelación inmediata de bienes, cuentas bancarias y activos
vinculados al saqueo del petróleo, del oro y de los fondos para alimentos y medicinas. - Confiscación y repatriación de esos recursos al erario nacional.
- Destinarlos a salud, alimentación, pensiones y reconstrucción del país y la remuneración a
nuestros miles de trabajadores petroleros despedidos injustamente. - Transparencia total de la administración general y auditoría permanente de los ingresos
petroleros y acuerdos energéticos. - Cero tolerancia a la negligencia y la indolencia, porque allí nace la corrupción.
Venezuela vive un momento inédito para retomar el camino del desarrollo que alguna vez tuvo, como en los años 60, cuando fue referencia mundial estábamos entre los mejores del ranking mundial de países. Volver a estar entre los mejores países del mundo, solo será posible con justicia, trabajo y más trabajo.
Al Gobierno de los Estados Unidos, en particular al Secretario de Estado Marco Rubio, y a la congresista María Elvira Salazar, mil gracias.
A María Corina Machado, como líder democrática venezolana, le corresponde mantener esta exigencia en el centro del debate nacional e internacional: justicia, verdad y recuperación de los recursos saqueados.
Sin justicia no hay reconciliación.
Sin verdad no hay futuro.
NO MÁS IMPUNIDAD.
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