Marco Rubio dirige la nueva guerra de Trump en América Latina
Glenda Romero / Venezuela RED Informativa.us
El secretario de Estado Marco Rubio de EEUU, ha buscado por mucho tiempo la salida de los hombres fuertes de izquierda en América Latina. Medidas como la destrucción de una embarcación cerca de Venezuela, prueban que Rubio está dándole forma a lo que podrían ser las acciones militares con mayores consecuencias del segundo mandato de Trump. Durante el primer gobierno de Trump, Rubio desempeñó un papel destacado en presionar al presidente para que intentara expulsar a Maduro del poder. Ahora, un reciente refuerzo militar estadounidense en el Caribe ha suscitado especulaciones sobre si la administración intentará invadir Venezuela y detener a Maduro.
Rubio dijo la semana pasada que Maduro era un prófugo de la justicia estadounidense, tras haber sido imputado por un jurado de acusación en un tribunal federal de Nueva York por cargos de narcotráfico en 2020. Durante décadas, en toda América Latina y el Caribe, las fuerzas antidroga estadounidenses han intentado cortar el tráfico de estupefacientes interceptando barcos, camiones e incluso caballos cargados de droga, y arrestando a los contrabandistas. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha dicho que esos esfuerzos no son lo bastante audaces. Ha ayudado a orientar al gobierno de Trump hacia una táctica mucho más agresiva, y mortal: utilizar la fuerza militar para destruir embarcaciones sospechosas de transportar drogas y matar a las personas a bordo, sin un proceso legal.
“La interceptación no funciona”, dijo Rubio en una conferencia de prensa en Ciudad de México la semana pasada, cuando le preguntaron por el ataque estadounidense a un barco en el Caribe. El presidente Trump se había jactado de que el ataque había matado al menos a 11 personas. “Lo que los detendrá es que se los haga volar por los aires, es decir, deshacerse de ellos”, añadió Rubio. “Y volverá a ocurrir. Tal vez esté sucediendo ahora mismo, no lo sé, pero el punto es que el Presidente de Estados Unidos va a librar una guerra contra las organizaciones narcoterroristas”. Rubio se ha proyectado como un general de alto rango en esa guerra. Ningún alto cargo de Trump ha hablado más enérgicamente de la nueva campaña de violencia contra los grupos criminales latinoamericanos y sus aliados. Y ningún alto asesor de Trump tiene un historial tan largo de trabajo en las políticas hacia América Latina.
Durante 14 años como senador republicano por Florida, Rubio presionó a tres gobiernos para que pasaran a la ofensiva en la región. Hijo de migrantes anticomunistas de la Cuba prerrevolucionaria, le motivaba su aversión al gobierno de Castro y a sus aliados, especialmente Venezuela, una postura bien recompensada por la considerable población de expatriados de esos países en Florida. Ahora, como secretario de Estado y asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, está aprovechando la oportunidad de pasar de las palabras a los hechos. Durante mucho tiempo, Rubio ha tratado de derrocar a los hombres fuertes de la izquierda de la región, en particular a los dirigentes de Venezuela, Cuba y Nicaragua, cuyos gobiernos ha calificado de “ilegítimos”. También ha ayudado a diseñar las deportaciones masivas de migrantes ejecutadas por el gobierno, incluyendo a una tristemente célebre prisión de El Salvador.
Hay partidarios y colaboradores de Trump que aplauden el enfoque de Rubio. Consideran que reafirma una versión actualizada de la Doctrina Monroe, un concepto de principios del siglo XIX que justificaba la intervención estadounidense en América Latina. Por ahora, su principal objetivo parece ser Venezuela y el gobierno de Trump ha vinculado a Maduro, a los grupos criminales venezolanos. El mes pasado, Rubio ordenó al Departamento de Estado que aumentara a 50 millones de dólares la recompensa por cualquier información que condujera a la detención y condena de Maduro por cargos de narcotráfico en Estados Unidos. “Maduro no es un gobierno, ni es un régimen político”, declaró a los periodistas en Quito, Ecuador. “Es una organización terrorista, de crimen organizado que se ha apoderado de un territorio nacional para convertirse en ricos, para convertirse en personas con billones de dólares. Y por eso son encausados por las cortes de Estados Unidos”.
Rubio dijo la semana pasada que el Maduro, era un fugitivo de la justicia Maduro, quien ha señalado a Rubio como su principal némesis en Washington, lanzó su propia advertencia el 1 de septiembre, antes de que Trump anunciara el ataque al barco. “President Donald Trump, usted tiene que cuidarse, porque Marco Rubio quiere manchar sus manos de sangre”, dijo.
Sobre América Latina, Trump y Rubio llevan mucho tiempo en sintonía. “Rubio y Trump encajan especialmente bien en América Latina”, dijo Mike Watson, subdirector del conservador Centro para la Estrategia y el Arte de Gobernar Estadounidense del Instituto Hudson. Durante su visita a Ecuador, Rubio dijo que el gobierno de Trump estaba dispuesto a ayudar a los gobiernos aliados a “eliminar” los grupos delictivos.
Rubio ha impulsado esa política designando oficialmente a 10 cárteles de la droga y bandas vinculadas a América Latina como organizaciones terroristas extranjeras, una categoría legal del Departamento de Estado que suele aplicarse a grupos militantes políticos como Al Qaeda, Hamás y Hizbulá. Rubio y sus colaboradores sostienen que el tráfico de migrantes disminuirá si se desmantelan los grupos delictivos y sus aliados en los gobiernos, y que reprimir la migración ahogará una fuente de ingresos clave para las bandas. En consonancia con el enfoque imperial de Trump hacia el hemisferio occidental, Rubio quiere hacer retroceder los crecientes lazos económicos de América Latina con China. Durante años, ha hablado de la influencia mundial de Pekín como una amenaza para la seguridad, aunque últimamente ha suavizado ese lenguaje mientras Trump busca una cumbre con el líder chino.
Tras convertirse en secretario de Estado, Rubio inició su primer viaje oficial con una visita a Panamá, donde recorrió el canal de Panamá y les insistió a los dirigentes panameños sobre el tema de la explotación de dos puertos de la vía navegable por parte de una empresa de Hong Kong. Tras las amenazas de Trump de tomar el control del canal, la empresa acordó en marzo vender los puertos a un grupo inversor dirigido por Estados Unidos, aunque el gobierno chino se ha opuesto. Rubio también planteó la cuestión de la presencia de China durante su segundo viaje a la región, en el que visitó Jamaica, Guyana y Surinam en marzo.
Rubio ha intentado calmar las preocupaciones de algunos líderes a quienes les preocupa que Estados Unidos esté mostrando una vez más su poder imperial. En México, donde Rubio ha designado a varios cárteles como grupos terroristas, la presidenta Claudia Sheinbaum lleva meses advirtiendo a Washington contra cualquier intento de acción militar unilateral estadounidense en suelo mexicano. Durante su visita a Ciudad de México la semana pasada, Rubio subrayó que los dos gobiernos habían “llegado a un nivel de cooperación histórico” en los últimos meses, una cooperación que, dijo, “respeta la integridad, la soberanía de ambos países”.
Como senador, Rubio fue un apasionado defensor de los derechos humanos y del Estado de derecho en el extranjero. En un discurso pronunciado hace una década, abogó por una política exterior estadounidense basada en la fortaleza militar y económica, junto con “claridad en cuanto a los valores fundamentales de Estados Unidos”, que, según dijo, incluían “una defensa apasionada de los derechos humanos” y “el firme apoyo a los principios democráticos”. Pero al pasar a la ofensiva en América Latina, Rubio ha silenciado esos puntos de vista. Además del ataque al barco, Rubio ha desempeñado un papel importante en otras políticas agresivas que abarcan acciones sin el debido proceso, incluida la seportación de cientos de personas que él y el presidente dicen que son miembros del Tren de Aragua.
Una banda con base en Venezuela a la que han designado organización terrorista extranjera. Una gran mayoría no tenía antecedentes penales ni vínculos claros y documentados con la banda, y los tribunales han bloqueado por ahora nuevas expulsiones sumarias. Los grupos de derechos humanos también han condenado duramente al gobierno de Bukele en general por lo que califican de detenciones masivas, torturas y represión de las instituciones democráticas. Sin embargo, su planteamiento ha reducido drásticamente la delincuencia y la actividad de las bandas, antaño galopantes en el país.
Con información del diario The New York Times
