Piden la liberación y los datos del paradero de director de ONG, Carlos Correa,
Glenda Romero / Venezuela RED Informativa.us
La ONG Espacio Público pidió una vez más la liberación de su director ejecutivo, Carlos Correa, quien fue detenido este martes 7 de enero en Caracas. “¡Responsabilizamos al Estado por la integridad física de Carlos!”, escribió Espacio Público.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) aprobó medidas cautelares a favor de Correa y aseguran que «se encuentra en una situación de gravedad y urgencia al desconocerse a la fecha su paradero»
“Seguimos sin saber el paradero de nuestro director Carlos Correa desde que cinco sujetos sin identificación se lo llevaron el martes 7 de enero, a las 5:00 de la tarde”, escribió la organización en X.
Familiares y compañeros de trabajo de Correa, desconocen su paradero desde que fue interceptado por cinco hombres encapuchados en la capital.
Correa estaba al frente de Espacio Público, una organización no gubernamental que se dedica a la defensa y promoción de derechos como la libertad de expresión y la libre asociación.
Correa es periodista, profesor universitario e investigador del Centro de DD. HH. de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) y miembro de la asamblea permanente de Provea.
Esta semana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aprobó medidas cautelares a favor de Correa. “La Comisión consideró que Carlos José Correa Barros se encuentra en una situación de gravedad y urgencia al desconocerse a la fecha su paradero, condiciones de detención y estado de salud, luego de su detención el 7 de enero de 2025″, dice el comunicado de la (CIDH).
También exigieron al Estado venezolano que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Carlos Correa Barros. En particular, piden que informe de manera oficial si se encuentra bajo custodia del Estado y las circunstancias de su detención; o bien, de las medidas tomadas a fin de determinar su paradero o destino.
Asimismo piden que implemente las medidas necesarias, para que la persona beneficiaria pueda desarrollar sus actividades de defensa de derechos humanos, sin ser objeto de amenazas, declaraciones estigmatizantes y descalificadoras, hostigamientos o actos de violencia.
Que establezca las medidas necesarias para asegurar que las condiciones de detención del beneficiario sean compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia, entre ellos, que se garantice el contacto regular y acceso con sus familiares, abogados y representantes.
También solicitan que se informe de manera oficial sobre la situación jurídica del beneficiario en el marco del proceso penal en el que estaría involucrado, tal como las razones por las que no ha sido puesto en libertad hasta la fecha, y si ha sido presentado a un tribunal para revisión de su detención.Y exigen que se le realice una valoración médica y se le garantice acceso a atención en materia de salud.
