Venezuela

Trabajadores públicos exigen al régimen libertad para los presos políticos

Glenda Romero / Venezuela RED Informativa.us

Trabajadores de diferentes sectores públicos de Venezuela manifestaron este lunes, frente a la sede de los Tribunales Laborales de Caracas, para exigir la libertad plena de los presos políticos, aseguraron que se mantendrán en las calles en esa lucha, al tiempo que también reclamaron mejoras salariales.

«Hoy tenemos a muchos trabajadores que tienen su boleta de excarcelación y siguen presos», dijo Gricelda Sánchez, presidenta de la fundación Formación de Dirigentes Sindicales (Fordisi).

La dirigente sindical mencionó el caso del presidente de Fundaredes, Javier Tarazona, quien fue detenido el 2 de julio de 2021 y también refirió el caso de Robert Franco, un profesor de educación física, quien es secretario general del Colegio Nacional de Profesores, en la seccional Carúpano-Paria, del estado Sucre.

El profesor fue acusado de estar incurso en un supuesto complot contra la Asamblea Nacional 2020, desde hace dos años, cuatro meses y 19 días.

Los manifestantes denunciaron que los familiares de los presos políticos se ven obligados a pagar cuotas permanentemente para poderles garantizar su derecho a la alimentación y el uso de servicios básicos. Es decir, tienen que pagar por comer, ir al baño, usar agua, etc.

Eduardo Torres, abogado encargado de llevar el caso de los trabajadores presos, dijo que el juez de la causa, ha revocado varias veces la boleta de excarcelación de los trabajadores públicos, porque toma órdenes de arriba, lo cual pone en evidencia la falta de autonomía del Poder Judicial venezolano.

El abogado también refirió la necesidad de la eliminación del instructivo Onapre, el cual ha sido impuesto contra los trabajadores venezolanos con el objetivo de eliminar las convenciones colectivas.

Neida Torres, trabajadora jubilada el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) denunció el caso de Darío Estrada, quien padece de autismo y está detenido en La Yaguara desde hace dos años y seis meses y su madre es una señora de 89 años, que vive en Barquisimeto y carece de los medios para apoyar y visitar a su hijo.

Estrada está preso desde el 24 de diciembre de 2020 por su presunta vinculación en la operación boicot, que buscaba impedir la instalación de la Asamblea Nacional 2020.

Según se ha informado, una comisión de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) lo sacó de su vivienda en la urbanización Club Hípico de Barquisimeto, sin presentar orden judicial, mientras estaba convaleciente y de reposo por covid-19.

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