EEUU pide a Venezuela la cabeza de Nicolasito y la de otros miembros de la cúpula chavista
Glenda Romero / Venezuela RED Informativa.us
La Administración de Donald Trump ha exigido por escrito, al régimen venezolano que lidera Delcy Rodríguez, que coopere con la Justicia estadounidense en una investigación que sigue a varios integrantes de la estructura chavista., como piezas clave en expedientes por corrupción, blanqueo de capitales y narcotráfico, según revela el diario ABC . Entre ellos destacan Alex Saab, Raúl Gorrín, Nicolás Maduro Guerra, Walter Gavidia Flores, Tareck El Aissami, Samark López Bello y Pedro Luis Martín-Olivares.
Estas personas son de interés para USA y fueron seleccionadas por su valor probatorio y por su utilidad para reconstruir el circuito de contratos, lavado de dinero y protección política que Washington atribuye al antiguo régimen que comandaba Maduro y que, en buena medida, sigue en pie. La Casa Blanca plantea un esquema de intercambio con tres capas. La primera es la del acceso, facilitar entrevistas, interrogatorios, registros administrativos y documentación sensible. En esa fase entra el interrogatorio, de Alex Saab, señalado durante años como operador del madurismo, y del empresario Raúl Gorrín. La segunda busca permitir que equipos estadounidenses participen o supervisen parte del trabajo de verificación sin que Caracas lo reconozca en público.
La tercera, si se considera políticamente viable, contempla fórmulas de traslado o entrega, con el cuidado extremo de evitar la palabra extradición. El problema de fondo es constitucional. Venezuela no extradita a sus nacionales. Ese límite obliga a convertir la cooperación en un terreno gris. Se contemplan expulsiones administrativas, salidas pactadas, traslados por razones de seguridad, detenciones temporales con entrevistas y entrega de documentación. O, en caso de que los objetivos viajen fuera del país. A ese listado se suma el reconocimiento a la misión diplomática en Caracas, desbloqueos selectivos, permisos de operación y una agenda energética. A cambio, Washington exige avances en nombres concretos y en expedientes concretos. El acuerdo, si se puede llamar así, se mide en actos verificables, interrogatorios ya realizados, documentación entregada, cuentas rastreadas, sociedades identificadas, activos congelados y, si se llega a esa fase, un traslado.
Alex Saab y Gorrín
Sobre Alex Saab y Raúl Gorrín no hay fotografías, no hay parte oficial, no hay confirmación pública sobre su situación actual. Y eso, para Washington, es compatible con el objetivo, obtener información sin abrir una guerra interna en Venezuela por el control de los detenidos, lo que podría desencadenar una crisis para Rodríguez en este momento. Saab, en particular, se ha convertido en la pieza más valiosa y más incómoda. La fuente lo define como el hombre que sabe dónde está el dinero y cómo se movía. No es solo un contratista. Fue ministro, fue intermediario y fue enlace con el núcleo político del madurismo durante años. EEUU lo ha señalado por redes de corrupción ligadas a contratos públicos y lo ha imputado en el pasado por esquemas de soborno y blanqueo.
Lo que cambia ahora es el foco. Según ha podido saber ABC, el Departamento de Justicia revisa una investigación adicional sobre una presunta conspiración de sobornos vinculada a importaciones de alimentos a precios inflados. En el mapa mental de los fiscales, el programa de alimentos no es un episodio humanitario, sino una caja. Saab no solo conoce operaciones. Conoce decisiones. Conoce nombres de ministros, altos cargos, firmas, intermediarios y bancos, y conoce el mecanismo por el que un contrato de importación se convertía en comisiones y esas comisiones en activos fuera del país. El interrogatorio reciente, sostiene la fuente, buscaba dos cosas, confirmar la ruta del dinero y medir su disposición a cooperar. En su caso se ha implicado el FBI y se le investiga en Miami por hechos distintos a los que se le imputaron antes de su indulto.
Raúl Gorrín está en el mismo carril por motivos distintos, ya que representa la arquitectura del control de cambios. En EEUU, está acusado de un esquema de sobornos para obtener acceso privilegiado a operaciones de cambio y de lavar posteriormente el dinero mediante sociedades pantalla y circuitos financieros. Para Washington, Gorrín sirve para explicar el engranaje que transformó una decisión administrativa en miles de millones, quién asignaba, quién autorizaba, quién cobraba, quién abria cuentas y quién compraba protección.
Los demás nombres
Los otros nombres son perfiles que, por causas penales, sanciones o por conocimiento operativo, pueden sostener investigaciones o alimentar decomisos. Entre ellos figura Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo de Maduro, incluido en el gran expediente penal estadounidense que acusa al núcleo del poder de conspiraciones vinculadas a narcóticos y armas, y también objeto de sanciones. Para Washington, es una pieza familiar y patrimonial, con potencial valor probatorio si se obtiene acceso a comunicaciones, patrimonio y redes. Walter Jacob Gavidia Flores, el hijastro mayor de Maduro, sancionado por el Tesoro por su presunto papel en el ecosistema de comisiones asociado a contratos públicos. En la lógica estadounidense, es una puerta a activos y a la trama de sociedades pantalla y testaferros que, según Washington, crecieron al calor del programa de importaciones y del reparto discrecional de adjudicaciones.
El resto del listado amplía el perímetro hacia dos frentes. Uno es el de los purgados que ya están bajo control del propio aparato venezolano desde antes de la captura de Maduro. Ahí entran Tareck El Aissami y Samark López Bello, purgados, detenidos y procesados en Venezuela en 2024 dentro del caso de corrupción petrolera. Washington los considera objetivos disponibles porque, sin necesidad de localizarlos, Caracas puede autorizar acceso a interrogatorios y documentación. El Aissami figura desde hace años en el radar estadounidense por narcotráfico y por violaciones de sanciones. López Bello, presentado como su operador financiero y presunto testaferro, concentra el interés por la red empresarial, las propiedades, los intermediarios y las rutas de pagos que Washington busca reconstruir.
Otro frente es el de los perfiles de información y de seguridad. En esa categoría aparece Pedro Luis Martín-Olivares, ex responsable de inteligencia económica, imputado en USA por narcotráfico y sujeto a recompensas. Washington lo asocia a la cobertura institucional de rutas y a la protección de cargamentos. No hay constancia pública de una detención reciente, pero su inclusión, según la fuente, apunta a lo que EE.UU. cree que falta para cerrar el círculo, testigos con conocimiento interno del funcionamiento de la seguridad y de la cadena de mando. A estos siete jerarcas se suman otros dos altos cargos investigados en EE.UU., cuya identidad no ha sido desvelada todavía.
No se trata de un gesto político, sino de un cálculo operativo. Washington quiere resultados rápidos y verificables, y prefiere empezar por quienes pueden abrir rutas financieras, entregar documentación o ya están bajo custodia venezolana. También busca evitar que Rodríguez se enfrente de golpe a una crisis interna por el intento de neutralizar a dos jerarcas con poder propio y capacidad de respuesta dentro del aparato. Ese es el sentido de la lista, no una foto fija, sino un primer paquete de pruebas exigibles. Para Delcy Rodríguez, el dilema es el mismo en cada nombre, cooperar lo suficiente para sostener la normalización sin exhibir una tutela estadounidense que la fracture por dentro. Para Washington, la lógica es más simple: si hay cooperación medible, hay alivios y acuerdos; si no la hay, vuelven la presión por una segunda ola de ataques.
Con información de ABC
