Venezuela

 La AN y el TSJ hacen como pilatos con el incremento salarial para los trabajadores

 Glenda Romero / Venezuela RED Informativa.us

 La discusión sobre un incremento salarial para los trabajadores venezolanos está a merced del régimen, sólo el Ejecutivo puede decidir toda vez que el Poder Legislativo  no hace nada por exhortar al Gobierno en torno al tema y un Poder Judicial que descarta denuncias ante los incumplimientos laborales,  el único camino que queda a los trabajadores es el tripartismo que está intentando implementarse con ayuda de la OIT.

Hace casi dos años  del último aumento salarial para  los trabajadores de la administración pública, el régimen mantiene una política salarial que apunta a mantener bajos los salarios. Maduro ha anunciado dos ajustes de remuneración sin carácter salarial, con modificaciones en el cestaticket y el bono de guerra económica, dos conceptos que no generan pasivos laborales. Así  el salario representa  solo 3% de la remuneración mensual de los trabajadores.

Con  esta política cometen múltiples violaciones a la Constitución, a  la Ley Orgánica del Trabajo (Lottt) y a las convenciones colectivas de  diversas empresas o sectores. El artículo 91 de la Constitución, estipula la obligatoriedad de, al menos, un incremento salarial al año.

“El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica”, establece la Carta Magna.

En  Venezuela sdonde no hay  separación de poderes, el Poder Judicial no corrije violaciones legales ., por eso no responde a organizaciones sindicales que han interpuesto  ante la Sala Político Administrativa del TSJ dos demandas por abstención, el 27 de junio y el 2 de octubre de 2023, respectivamente. En estos documentos se denunciaba el incumplimiento, por parte del Ejecutivo, de la obligación constitucional de incrementar el salario una vez al año.

Ambas demandas fueron desechadas por la Sala Político Administrativa, como se evidencia en las sentencias N° 1118 y 1119, ambas firmadas por el magistrado Malaquías Gil, quien declaró como “inadmisible” para esa sala dirimir sobre el caso, empleando como argumento el no haber acudido ante el Gobierno con una solicitud por escrito en la que se pidiera solucionar la situación salarial.

Para el director del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin), León Arismendi, esto se debe a que los poderes públicos actúan como si fuesen “órganos del partido de gobierno”, y que la inacción del TSJ en este tipo de casos no es un fenómeno nuevo.

“Los otros poderes actúan como si fuesen órganos del partido de gobierno, y no como órganos del Estado. La Lottt anterior (antes de 2012) decía que en enero de cada año debía hacerse una reunión tripartita, pero el Gobierno nunca convocaba. Desde Inaesin llegamos a interponer un recurso de amparo por omisión de la convocatoria y el TSJ se hizo el loco”, relató.

 “La Asamblea Nacional no tiene ningún interés en el tema. No va a decidir nada, ni mucho menos aprobar una ley de aumento de salario que interpele al Ejecutivo, porque son decisiones del partido de gobierno. Antes no ocurría eso. Incluso cuando había una mayoría en el Parlamento, la minoría proponía iniciativas en esa dirección”, sostuvo.

Los  trabajadores venezolanos tenemos unos poderes sujetos a  un Poder Ejecutivo que evita incrementos salariales, un Poder Legislativo que no hace nada por exhortar al Gobierno y un Poder Judicial que descarta denuncias ante los incumplimientos del Ejecutivo, el único camino que queda para los trabajadores es el tripartismo que está intentando implementarse con ayuda de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Después de 20 años sin reuniones entre sindicatos, gremios empresariales y Gobierno, en 2022 se instaló el Foro de Diálogo Social, mediado por la OIT y se planteó  un método para la fijación del salario mínimo el  tripartismo permanente. Casi dos años después del l Foro de Diálogo Social, no hay medidas concretas ni cambios  en ninguno de los tres ámbitos que buscan corregirse.

Entretanto, el sector laboral venezolano sigue sometido a un penoso salario mensual de 130 bolívares (3,58 dólares según el tipo de cambio del BCV) del cual dependen beneficios y pasivos laborales, una violación de sus derechos que, según parece, no serán defendidos por ningún ente público y que además evidencia un concepto de esclavitud laboral.

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