Internacional

La CIDH actúa contra el régimen venezolano por destituir a funcionario que denunció corrupción en la FAN

 Glenda Romero / Venezuela RED Informativa.us

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso que refiere  la violación de una serie de derechos contra José Antonio Navarro Hevia, quien era funcionario en el Ministerio de Defensa y fue destituido, tras denunciar corrupción en la institución.

Navarro Hevia fue funcionario de carrera en el Ministerio de Defensa de Venezuela desde 1978 hasta 2001, pero en enero del año  2000, el Gobierno de  Chávez le  abrió una averiguación administrativa  porque  presuntamente perjudicaba la imagen intereses del Ministerio de Defensa, tras denunciar actos de corrupción en la Cartera castrense.

La Comisión destacó que la norma aplicada contra Navarro Hevia, genera inseguridad jurídica y permite arbitrariedades y señaló que la conducta por la cual fue amonestado, «viola el órgano regular» y  no estaba definida como causal de amonestación, por lo que el Estado vulneró el principio de legalidad.

La Comisión también  observó irregularidades en el proceso administrativo,  notó un persecución a funcionarios públicos opositores y concluyó que el estado no garantizó el acceso a autoridades imparciales en el proceso administrativo.

El organismo destacó que la administración tardó al menos nueve años en emitir decisiones finales, lo cual califican como un plazo irrazonable, la demora violó los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial y la amonestación por buscar información y denunciar corrupción constituyó una restricción ilegítima a la libertad de expresión.

Las amonestaciones privaron injustamente a Navarro de su empleo y, al no contar con recursos efectivos para corregir esta situación, el Estado violó su derecho al trabajo. La CIDH concluyó que el Estado venezolano es responsable de  la violación de los derechos consagrados en los artículos 8.1 (garantías judiciales), 9 (principio de legalidad), 13 (libertad de pasamiento y expresión), 25 (protección judicial) y 26 (derecho al trabajo) en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

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