La CPI ordenó nuevo informe por lesa humanidad en el caso Venezuela
Glenda Romero / Venezuela RED Informativa.us
La Corte Penal Internacional, CPI ordenó la presentación de un nuevo informe, sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad, perpetrados en Venezuela, antes del martes 17 de octubre de 2023 y señaló que la respuesta de la Fiscalía al «Escrito de apelación de la República Bolivariana de Venezuela contra la ‘Decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares I por la que se autoriza la reanudación de la investigación de conformidad con el artículo 18 (2) del Estatuto’» se prorroga hasta la expiración del plazo para las observaciones de la Oficina del Defensor Público para las Víctimas.
Según la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI, el enfoque de las investigaciones internas «parece estar generalmente en perpetradores directos y/o de menor nivel» y consideró que se han «tomado medidas de investigación limitadas y que, en muchos casos, parece haber períodos de inactividad investigativa inexplicable».
“Las investigaciones internas parecen no abordar suficientemente las formas de criminalidad que la Fiscalía pretende investigar, refiriéndose en particular a la intención discriminatoria que subyace al presunto delito de persecución y la investigación aparentemente insuficiente de los delitos de naturaleza sexual».
En ese contexto, este martes19 de septiembre, la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas, OPCV, pidió a la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) desestimar el recurso interpuesto por el régimen venezolano, que busca paralizar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad.
La OPCV solicitó a la Sala que desestime el recurso «en su totalidad», luego de refutar los argumentos del régimen de Maduro para detener la investigación.
Según la instancia, la Sala de Cuestiones Preliminares I desarrolló correctamente el debido proceso, de conformidad con el Estatuto de Roma.
La Oficina denunció que recibió testimonios de víctimas y sus representados, quienes reclamaron retardos procesales y el sobreseimiento de algunos casos, al tiempo que otros casos los ignoraron los tribunales de Venezuela alegando que los hechos «no mostraban ningún elemento de criminalidad».
La Oficina planteó que registró 159 casos de tortura, sobre todo en los centros de detención, los cuales nunca fueron investigados.
«El número limitado de casos presentados por Venezuela ya proporciona una fuerte indicación de la ausencia de investigación internas pertinentes», dice el informe.
«Desde 2018 Venezuela ha denunciado y ha demostrado que el proceso iniciado ante la Corte Penal Internacional tiene una clara motivación política y se inscribe dentro de la estrategia de ‘cambio de régimen’ impulsada por potencias extranjeras contra el país, sobre la base de una falsa acusación por crímenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido», expresa el documento.
