Venezuela

Reos estafan desde las cárceles y el régimen de Maduro no resuelve

Glenda Romero / Venezuela RED Informativa.us

Desde el año 2016, el régimen de Maduro sancionó una ley, a través de la Asamblea Nacional, que obliga al Ministerio de Asuntos Penitenciarios a instalar bloqueadores en las cárceles, para controlar las llamadas de los presos, pero en la práctica, esos mecanismos no funcionan y los llamados pranes estafan vía telefónica por sumas que superan millones de dólares, esto sin control de las autoridades competentes.

Funcionarios militares y policiales han determinado que desde distintos centros penitenciarios en Venezuela, se dirigen delitos de extorsión y negocios ilícitos y frente a ello, no toman medidas correctivas.

Utilizando llamadas telefónicas, los reos engañan con productos y beneficios del propio régimen, como electrodomésticos del plan “Mi Casa Bien Equipada”, este procedimiento implica hacerle cancelar a muchos grupos de personas en el país, unas sumas de dinero y después no queda rastro, ni entregan producto alguno a quienes cancelaron, los presuntos operadores telefónicos entonces desaparecen.

El Centro Penitenciario Región Capital Yare II, en el estado Miranda, es uno de los más emblemáticos en esta estafa, según las investigaciones del propio Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), así como la Guardia Nacional.

Según el Observatorio Venezolano de Prisiones, el año pasado los privados de libertad llegaron a manejar sumas de hasta cuatro millones de dólares anuales, como producto de estas extorsiones telefónicas.

Vale la pena preguntarse por qué si las autoridades conocen de la situación no actúan y también el problema no sólo se queda en la colocación de inhibidores de señal en las prisiones, queda por resolver cómo entran los teléfonos a las cárceles y quién investiga las estafas.

El régimen de Maduro está al tanto de esta realidad, en la que privan los engaños parte de los reos hacia la población, a través de ofertas falsas y usurpación de perfiles de redes sociales y servicios de mensajería, pero se limitan a advertir a la ciudadanía que parte de este modus operandi viene de las prisiones. No obstante, siguen sin establecer un método para enfrentar estas mafias.

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